La falta de Presupuestos deja al gravamen energético sin la deducción por inversiones
Aunque la prórroga del impuesto no está en cuestión, no habrá incentivo y queda en el aire la consolidación en el sistema tributario
La renuncia expresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a aprobar una Ley de Presupuestos para este año tras el anuncio de adelanto electoral en Cataluña por parte del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dejado en el aire el compromiso del Ejecutivo de compensar el gravamen extraordinario que se aplica desde el año pasado a las empresas energéticas (también a las entidades financieras) mediante una deducción a las inversiones en energías renovables realizadas a lo largo de este año.
La medida fue incluida en la disposición adicional quinta del Real Decreto Ley del pasado 27 de diciembre, el cuarto destinado a aliviar los efectos de la crisis derivada de los conflictos bélicos de Ucrania y Oriente Próximo, que se incluirían en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2024, la que ahora se ha frustrado.
El citado RDL, en el que se prorrogaba también este año el gravamen aprobado en 2023 (para dos años) establecía, asimismo, “un incentivo (..) a aplicar en el sector energético para las inversiones estratégicas realizadas desde el 1 de enero de 2024″, en alusión, según el Gobierno, a inversiones en renovables. Como la deducción debía concretarse en los Presupuestos a los que el Gobierno ha decidido renunciar pues, con las elecciones catalanas de por medio considera imposibles de aprobar, el alcance y los detalles de la misma medida se mantienen en el misterio.
Fuentes jurídicas interpretan que la prórroga del impuesto para este año “es irreversible”, porque dicha prórroga la aprobó expresamente el citado RDL, pero sin una LGPE no se puede regular el prometido incentivo por inversión o la integración permanente del impuesto. En el primer caso, una opción sería que en los Presupuestos de 2025 se pueda establecer la deducción con carácter retroactivo a 2024.
El gravamen energético, que nació con carácter temporal para detraer parte de los beneficios extraordinarios derivados del alza de los precios en el marco de la crisis energética, se aplica a los operadores principales (los que figuran con las cinco mayores cuotas de mercado) de los sectores de la electricidad, el gas natural, los carburantes y los gases licuados del petróleo (butano y propano).
Las empresas pagan 1.500 millones
Concretamente, grava los ingresos no regulados obtenidos por los citados operadores en España. El año pasado, el primero de aplicación del tributo, las principales energéticas españolas pagaron casi 1.500 millones de euros. Entre las petroleras, según los datos proporcionados en las presentaciones de sus cuentas anuales, Repsol pagó 450 millones de euros y Cepsa 323 millones. Por su parte, las grandes eléctricas desembolsaron 230 millones, en el caso de Endesa; 208 millones, en el de Iberdrola y 165 millones, en el de Naturgy.
El gravamen ha encendido los ánimos de las empresas afectadas, muy especialmente de Repsol, que han denunciado el tributo español ante los tribunales por considerar que es discriminatorio y no se atiene a la normativa de la Unión Europea, que considera que se deben gravar los beneficios y no los ingresos. Además, la que se aprobó como una medida temporal, podría convertirse en permanente, para disgusto de las compañías.
En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar sellado el pasado mes de octubre, ambos partidos anunciaban que revisarían “los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia social y al sostenimiento del Estado de bienestar”. Con todo, es solo un párrafo dentro de un acuerdo, que se pretendía regular en una LGPE para este año a la que el Gobierno ha renunciado.
La consolidación del impuesto extraordinario, en el aire
El tiempo corre en favor de las empresas afectadas por el gravamen extraordinario que el Gobierno aprobó para energéticas y bancos (por dos años) en el marco de la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Aunque la intención del Ejecutivo, empujado por su socio Sumar, es consolidar ese impuesto, de momento, la falta de una Ley de Presupuestos para este año lo frenará, ya que se pretendía aprovechar dicha ley para regular su integración en el sistema tributario.
El gravamen, que se justificó por los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas, se encuentra con dos trabas: por un lado, la norma europea que lo justificaba ha decaido y, por otro, los precios energéticos, esencialmente, los eléctricos, se están hundiendo y están recuperando los niveles precrisis: entre 40 y 45 euros/MWh de media. El gravamen también frenaría las inversiones necesarias para abordar la descarbonización en España, consideran fuentes políticas.
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