Sapec presenta otra demanda de arbitraje contra España por las renovables
Las indemnizaciones que debe pagar el Estado por el recorte de ingresos de estas compañías asciende ya a 800 millones de euros
La firma belga Sapec se suma a la lista de inversores extranjeros que han presentado demandas contra España, ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, el Ciadi, por el recorte de las primas a las energías renovables, que había puesto en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de los despachos de abogados que defenderá los intereses de Sapec será el bufete Gómez-Acebo & Pombo, que ante las preguntas de CincoDías no dio información sobre la cantidad que demanda su cliente. El otro despacho que defenderá a Sapec será King & Spalding.
España ya acumula diez fallos condenatorios por el recorte de los ingresos por las renovables. La última en ganar un laudo contra el Estado por este asunto ha sido la sociedad Sol Es Badajoz GmbH, a la que España tendrá que compensar con 40 millones de euros. El total de las indemnizaciones asciende ya a 800 millones de euros. El Gobierno pidió la nulidad de todas ellas, alegando que el recorte a las renovables debería dirimirse en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y no en tribunales de arbitraje, debido a que el TJUE anuló los arbitrajes intracomunitarios.
En mayo, España recibió su mayor revés por este asunto, cuando el Ciadi dio la razón a la estadounidense Nextera Energy y sentenció que el Estado debía pagar a esta empresa 290,6 millones de euros. En este caso, España puede alegar que las sociedades que presentaron la demanda son holandesas, aunque el inversor final sea de EE UU.
A esta cantidad se suman los gastos por cerca de cinco millones e intereses al 0,234% que se cuentan desde junio de 2016, según se explica en el laudo. Esta compañía inició un arbitraje ante el Ciadi en 2014 por el perjuicio causado a sus inversiones en dos plantas termosolares en Extremadura con una potencia de 49,9 MW, donde invirtió 750 millones. La empresa cerró su filial en el país tras los cambios regulatorios, cuando se sustituyeron las primas de producción por una retribución ligada a la inversión a lo largo de toda la vida regulatoria de las plantas. El Estado se enfrenta a más de 40 arbitrajes por este asunto y a unas compensaciones superiores a los 4.000 millones de euros.
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