Unas 3.000 pymes se quedarán sin derecho a la tarifa regulada del gas natural
Una nueva regulación expulsará de la TUR a las compañías con una facturación superior a los dos millones de euros anuales y más de 10 empleados
Las cuatro comercializadoras de gas natural que suministran en el mercado regulado se están preparando para aplicar la futura normativa, según la cual, solo tendrán derecho a disfrutar de la Tarifa de Último Recurso (TUR) los consumidores domésticos y las compañías que tengan la consideración de microempresas, tal como ocurre en estos momentos con la tarifa regulada de la electricidad o Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), del que están siendo expulsadas desde el pasado 1 de enero.
En el caso del gas natural, la nueva directiva sobre mercado interior (que está pendiente de publicación en el diario oficial de la Unión Europea) replica lo dispuesto para el mercado eléctrico y limita igualmente las intervenciones públicas en la fijación de precios del gas a consumidores domésticos y microempresas. De las 60.000 compañías que están acogidas actualmente a la TUR del gas, las estimaciones del sector apuntan a que serán expulsadas de dicho precio regulado unas 3.000 empresas, que se verán obligadas, cuando se implante la nueva regulación, a contratar el suministro con una comercializadora del mercado liberalizado que le ofrezca un precio competitivo.
En estos momentos, tienen derecho a la TUR del gas aquellos usuarios cuyo consumo anual sea inferior o igual a 50.000 kWh al año (con las tarifas RL.1, RL.2 y RL.3). A partir de la implantación de la nueva normativa, este derecho solo lo mantendrán las personas físicas y, en el caso de que se trate de una sociedad, esta deberá acreditar que es una microempresa, según la define el Reglamento de la Unión Europea de 2014 (651/2014) que limita la aplicación de los precios regulados a los domésticos y las empresas de muy reducido tamaño. Concretamente, indica dicho reglamento, una microempresa es aquella cuyo volumen de negocios anual o balance general anual no supera los dos millones euros y cuenta con una plantilla de menos de 10 trabajadores. Por tanto, aunque su consumo sea inferior a los citados 50.000 kWh anuales, si su facturación y plantilla superan esos límites no tendrá derecho a la TUR.
Actualmente, cuatro comercializadoras son las que suministran por ley la TUR del gas: Comercializadora Gas & Power, del grupo Naturgy; Iberdrola Comercializadora de Último Recurso; Energía XXI, filial de Endesa y Baser, de TotalEnergies. Las condiciones de esta tarifa las fija el Ministerio para la Transición Ecológica y, a diferencia del PVPC de la luz, que está ligado a los precios del mercado mayorista de la electricidad (pool) en un 75% (el 25% restante está ligada a los mercados de futuros, porcentaje que se irá invirtiendo paulatinamente), la TUR del gas se revisa trimestralmente según una fórmula que tiene en cuenta las cotizaciones de los mercados nacionales e internacionales del gas.
Al igual que está ocurriendo en el mercado eléctrico, la comercializadora deberá informar a todas las empresas de la nueva regulación y estas tendrán que demostrar que son microempresas para continuar con la TUR. De no reunir los requisitos y no contratar un precio en el mercado libre se le aplicará sine die un recargo del 20%. Los recargos por expulsión (tanto por el cese de actividad de las comercializadoras como por cambios normativos), ha tenido un coste para los clientes de 130 millones de euros entre 2021 y 2023, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Si se replica lo ocurrido con la tarifa regulada de la electricidad, la norma se irá aplicando, una vez que entre en vigor (cuando el Gobierno transponga la directiva del mercado interior del gas a través de un real decreto), a medida que vayan venciendo los contratos con los clientes que, habitualmente, son anuales.
Como el PVPC de la luz
Esto es lo que ocurrió con la electricidad, cuya repercusión es mayor porque también los puntos de suministros son mucho más elevados que los del gas. De los 9,2 millones de clientes que hay en el mercado regulado de la luz, un 10% son empresas (920.000) y, teniendo en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que apuntan a que el 95,8% del total de sociedades en España son microempresas, el departamento que dirige Teresa Ribera estima que unas 40.000 de las 920.000 acogidas al PVPC no cumpliría la condición para permanecer en él.
Desde el pasado mes de enero, muchas compañías han ido recibiendo la comunicación correspondiente de su comercializadora de referencia que le suministra con la tarifa regulada de la luz (filiales también de los tres grandes grupos eléctricos, Iberdrola, Endesa y Naturgy y otras con menor cartera, como Repsol o TotalEnergies).
Para acreditar su situación, a las empresas que reciban la carta les basta con rellenar un modelo (incluido en el real decreto de junio del año pasado) con una declaración responsable en el momento de la renovación del contrato o cuando quiera hacer uno nuevo. La CNMC, en su labor de supervisión del mercado minorista de electricidad, “podrá requerir cualquier información adicional a la empresa solicitante para la comprobación de este extremo, señala la norma relativa al nuevo PVPC, que añade que “cualquier cambio que suponga la pérdida de la condición de microempresa deberá ser comunicado a la compañía suministradora”.
Lo que pocas empresas saben es que esta misma medida va a llegar también en un futuro próximo a la tarifa de último recurso (TUR) del gas natural.
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