La reforma del PVPC, una asignatura pendiente

El Gobierno diseñará una nueva tarifa regulada ligada a una cesta de varios productos para evitar la volatilidad del mercado diario

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El trámite para aplicar el mecanismo que limita el precio del gas natural para generar electricidad en el mercado mayorista (pool) en una media de 48,8 euros/MWh durante un año, sigue su lento trámite. Aunque el Gobierno aprobó el real decreto ley que establece un sistema que España va a compartir con Portugal, aún falta que la notificación como ayuda de Estado (pues se beneficiarán las empresas ibéricas) reciba la correspondiente autorización de la Comisión Europea. Pero más allá de este beneplácito, hay otras razones de tipo técnico que pueden alargar el proceso.

Según informó la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras la aprobación de la norma, las comercializadoras que deben compensar el coste real del gas (que no lo recibirán en el mercado por estar limitado, pero que deben cobrarlo igualmente) disponían de cinco días hábiles para entregar la información correspondiente al operador del mercado ibérico, OMIE. Se trata de discernir qué contratos con coberturas a plazo tienen firmados las empresas, ya que los vigentes hasta el 26 de abril se libran de dicha compensación, que se les cargará a todos los nuevos.

Las comercializadoras se han quejado de la tardanza en recibir el formulario de Omie, que ha remitido en muchos casos a mediados de la pasada semana, cuando el plazo de entrega termina hoy lunes. La cuestión es complicada técnicamente porque, aunque comercializadoras no hay tantas, y son estas las que trasladan el coste al cliente final (19 millones en el mercado libre) y son contratos con coberturas en el mercado mayorista, el RDL ofrece la opción de entregar los contratos a minoristas a las comercializadoras de los grupos verticalmente integradas (las grandes eléctricas del sector: Iberdrola, Endesa y Naturgy) que mantienen contratos con sus propias generadoras. Tanto España como Portugal.

Más allá de que el mecanismo coyuntural resulte más o menos rentable para España (todo va a depender de qué volumen de contratos estén indexados al pool, lo que incluye los de la tarifa regulada o PVPC, que son los que financiarán el complemento a las centrales de ciclo combinado), el proceso va a resultar complicada. A menor número de contratos indexados, más se concentrará entre pocos clientes el pago de la compensación. El nuevo sistema también se podría ver superado por una bajada de los precios del gas en el mercado, cuya demanda, en una situación normal, se derrumba en verano. Sin embargo, la situación en Europa sigue sin normalizarse, cada vez más amenazada por los recortes de gas por parte de Vladímir Putin y haciendo acopio de gas (que no escasea) de cara al próximo invierno.

Cambiar el PVPC

En su comparecencia para anunciar la aprobación del tope a este combustible, Ribera anunció que su departamento iba a aprovechar la bajada de la factura que se derivará del mecanismo (un 30%, según cálculos oficiales) para ganar tiempo y abordar una reforma del PVPC que lo desligue del pool. Una tarifa a la que tienen derecho los consumidorers domésticos con un apotencia contratada inferior a 10 kW, y es obligatoria para los consumidores vulnerables acogidos a los descuentos del bono social.

La escalada de precios del mercado mayorista ha impactado directamente en una tarifa concebida para proteger a los pequeños consumidores, que han resultado los más perjudicados en la actual crisis energética. A algunos les ha sorprendido que el preámbulo del RDL señale que la Comisión Europea haya puesto como condición para la aprobación del mecanismo de limitación del precio del gas “la reforma del actual precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)”. Una tarifa creada en 2014 a la que Bruselas no ha puesto nunca pega alguna y que reúne las condiciones de “precios dinámicos de la electricidad (los que cambian el precio por horas) con al menos un suministrador que cuente con más de 200.000 clientes finales”, que establece la directiva de mercado interior. El objetivo es la gestión de la demanda por parte del consumidor.

Fuentes del sector señalan que, por el contrario, en la carta de conformidad de Bruselas, es España la que se compromete a abordar la citada reforma. El otoño pasado, a raíz de la escalada de los precios de la luz, el ministerio lanzó una consulta pública para recoger propuestas. Sin embargo, el problema, como reconocían recientemente fuentes del mismo es la falta de liquidez del mercado y que el precio de los futuros sigue siendo alto, por lo que un cambio no resolvía mucho.

La intención es referenciar el precio de una futura tarifa regulada a una cesta de productos (a largo plazo, del mercado diario, etc.) para diversificar el riesgo de cada mercado. En cuanto a la falta de liquidez, el Gobierno quiere resolverla con los cambios que ha aprobado para las renovables del llamado Recore (reconavbles, cogeneración y residuos) que tienen garantizada un retribución específica. A partir del próximo año, estas energías , que se han beneficiado de los altos precios adelantando varios años la retribución a la que tienen derecho durante su vida regulatoria, irán al mercado.

Asimismo, está pendiente, la convocatoria de subastas obligatorias de energía por parte de las generadoras que ocupan posiciones dominantes en el mercado. Unas subastas a las que se oponen las grandes del sector, que opinan que deben desviar la energía ahora contratada bilateralmente para poder concurrir a las mismas.