Los reguladores bursátiles se alían para acabar con el ecopostureo
El organismo supervisor internacional llama a un mayor control de las firmas que hacen ratings de sostenibilidad
El auge de la inversión sostenible es un motivo de orgullo para la comunidad internacional, pero también de preocupación. Las emisiones de bonos verdes se han disparado en la última década, al igual que los fondos que se venden con etiqueta medioambiental. Y con esta lluvia de dinero han aparecido también muchas zonas de sombras: con firmas que distribuyen como productos verdes lo que son más bien grises. La Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) quiere acabar con estas prácticas de greenwashing o ecopostureo, para lo que se ha fijado una serie de prioridades en su último informe, publicado ayer.
El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, dirige el grupo de trabajo creado en el seno de Iosco para afrontar las cuestiones sobre la sostenibilidad de las inversiones. Buenaventura destaca en el informe que “el ‘greenwashing’ puede producirse en toda la cadena de valor de la inversión, y cualquier participante del mercado puede incurrir en este comportamiento”. A su juicio, esta práctica “socava la confianza fundamental en las finanzas sostenibles”.
Para garantizar la salud del mercado mundial de las finanzas sostenibles, desde Iosco consideran imprescindible que la información en materia de sostenibilidad sea fiable, coherente y comparable. Los productos de inversión preocupados por la sostenibilidad, cuestiones sociales y buen gobierno (ESG por sus siglas en inglés) “deben comercializarse y gestionarse de forma que no socaven la confianza de los inversores”.
Las propuestas
El organismo mundial de los supervisores bursátiles considera muy importante que se cree un marco regulatorio específico para las compañías que se están especializando en realizar calificaciones sobre ESG.
Desde Iosco recuerdan que algunos de los principales jugadores financieros (desde agencias de rating a dueños de Bolsas) “han adquirido y siguen adquiriendo proveedores de datos y calificaciones ESG más pequeños y especializados, o han invertido recursos considerables para desarrollar sus propios conocimientos y capacidades en materia de ESG”.
Otras medidas para evitar estas prácticas
- Cooperación. Desde la organización mundial de supervisores bursátiles, Iosco, se pide a los países que fomenten una mayor colaboración internacional para erradicar el ecopostureo. Solo con esa colaboración se podrá evitar que los agentes económicos aprovechen el arbitraje regulatorio que les brinda una enorme variedad de regulaciones.
- Concienciación. También se pide un fomento de las medidas de educación y concienciación dentro de las organzaciones. Solo cuando las firmas están implicadas en la inversión sostenible, desde los órganso de gobierno hacia abajo, se puede evitar que se intenten tomar atajos para dar una falsa imagen verde.
- Definición. Iosco también pide que haya una definición única de lo que es el greenwashing o ecopostureo. En algunas jurisdicciones ya hay algunas guías para tratar de concretar al máximo este tipo de malas prácticas.
La consecuencia es que quienes acaban otorgando el sello de calidad verde, son cada vez menos y más poderosos, mientras que el mercado “sigue estando en gran medida sin regular”. Los autores del informe ponen en valor que algunas jurisdicciones están ya desarrollando normativas específicas para estos actores.
Entre las firmas que están haciéndose un hueco en este mercado destacan las agencias de calificación crediticia tradicionales (S&P, Fitch), el proveedor de noticias y datos financieros Bloomberg, Sustainalytics (de la firma Morningstar) y ClarityAI (participada por el gigante BlackRock).
Desde Iosco también se pide avanzar en crear una terminología común para este tipo de inversiones. En este ámbito, la Unión Europea es la región que más a avanzado en su taxonomía de la inversión sostenible.
Para combatir el ecopostureo, también sería fundamental que las comisiones de los mercados de valores nacionales tengan herramientas de supervisión y mecanismos coercitivos específicos para poder sancionar a quienes cometen este tipo de acciones.
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