El Gobierno encara la aprobación del plan saudí para tomar casi el 10% de Telefónica
El Ejecutivo cuenta con un margen de tres meses para dar el plácet o rechazar la entrada de STC. La decisión llegará tras el verano
La incertidumbre en el capital de Telefónica se acerca al final. Tras el desembarco del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el paso al frente de Criteria, que atesora ya el 9,9% de la compañía, el Gobierno avanza en su dictamen sobre la irrupción de la saudí STC, en amparo del llamado escudo antiopas que el Ejecutivo desplegó en plena pandemia para proteger a las empresas estratégicas de compras oportunistas. La operadora saudí, que controla un 4,9% de la operadora, mantiene en derivados otro 5% cuya ejecución precisa el plácet gubernamental. La firma ya ha remitido la solicitud de autorización y el Ejecutivo cuenta con tres meses para pronunciarse, de forma que su decisión llegará presumiblemente tras el verano, según confirman fuentes gubernamentales.
Actualmente, STC es ya dueña de pleno derecho del 5% del capital, con participaciones en el capital que fue adquiriendo a lo largo del verano pasado. Si bien la norma solo blinda la toma de empresas estratégicas por inversores extranjeros cuando estos superen el 10%, los contratos de Telefónica en materia de defensa rebajan este umbral hasta el 5%. Eventualmente, STC podría prescindir de este paso si renuncia a ejercer sus derechos de voto y a entrar en el consejo. Diversas fuentes del mercado aseguran que el cambio en la estructura accionarial de la compañía, con un mayor peso del núcleo duro nacional, inclinaría al Ejecutivo a avalar la pretensión saudí, un escenario que no estaba tan claro cuando se se anunció la transacción.
El reglamento establece que el proceso de autorización debe ser pilotado por el Ministerio de Defensa, a cuyo director general de Armamento STC ha dirigido la solicitud de autorización, previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, que depende de Economía. La decisión final será, en cualquier caso, del Consejo de Ministros. El Ejecutivo tiene un plazo de tres meses para tomar una decisión final y llevar a buen puerto todo el proceso. Teniendo en cuenta que STC remitió la autorización a inicios de verano, esto supone que la decisión del Consejo de Ministros deba llegar durante el mes de septiembre.
Precisamente el próximo 5 de septiembre se cumplirá un año desde que STC anunció para sorpresa del sector la adquisición del 9,9% de Telefónica. Aunque portavoces del grupo saudí aseguraban entonces que la compañía llevaba mucho trabajo adelantado en la petición de autorización y que esta se haría poco tiempo después, la realidad ha sido bien diferente. De hecho, los saudíes han tardado cerca de nueve meses en mandar la documentación al Ejecutivo y la situación se ha tensado y distendido durante estos meses como una especie de acordeón.
El Gobierno salió rápido en tromba a criticar la transacción, lo que la puso en suspenso y elevó las suspicacias del mercado, que temían que no saliese adelante. Tanto las formas como el fondo de la cuestión inquietaron al Gobierno. Al menos sobre el papel, los saudíes tejieron en secreto la transacción durante medio año, sin avisar ni al Ejecutivo de Pedro Sánchez ni a la compañía. Inquietaba especialmente al Ejecutivo el hecho de que el Estado saudí (el principal dueño de STC es PIF, el fondo soberano saudí) entrase en la principal compañía española de telecomunicaciones y en su consejo de administración sin contrapesos nacionales.
Tras sondear la disponibilidad de inversores españoles para construir un núcleo duro que diluyese el peso que iban a adquirir los saudíes, que con el 9,9% se colocaban como el primer accionista, finalmente, fue el propio Estado a través de la SEPI quien se hizo con el 10% del capital, lo que supuso la vuelta del inversor público a la empresa tras las privatizaciones de los años 80 y 90. En paralelo, Criteria, que ha transferido la participación que ostentaba a través de CaixaBank al holding industrial que pilota Isidro Fainé, ha reforzado su posición y controla ya casi el 10% de la compañía.
Tras esos movimientos, los recelos del Gobierno frente los saudíes se han aplacado. Con un 20% en manos de inversores españoles, los intereses nacionales en Telefónica parece que están ya lo suficientemente blindados. Las razones para bloquear la entrada saudí son ya escasas y todo apunta a que el Ejecutivo les dará el plácet. La presencia de la propia SEPI también en el consejo —con Carlos Ocaña como consejero, amén de la posibilidad de designar a un segundo nombre— le da garantías incluso si los saudíes reclaman entrar en este órgano. También puede optar por una solución intermedia y, como hizo con la opa del fondo australiano IFM sobre Naturgy, autorizar la transacción, pero con condiciones.
Morgan Stanley ha sido el asesor de cabecera de STC para los asuntos financieros, mientras que los legales han quedado en manos de A&O Shearman y de Linklaters. Paralelamente, la compañía saudí ha utilizado estos meses de espera en España para sondear otras oportunidades de inversión en el sector en Europa. Ha concurrido, por ejemplo, a la subasta por los activos de Altice en Portugal.
Cuando la teleco saudí ejecute esta operación consumará un cambio de calado en la capital de Telefónica. Se habrá construido un núcleo duro de accionistas con en torno al 30% del capital repartido entre STC, la SEPI y Criteria, a razón de un 10% cada uno. BBVA se quedará como cuarto accionista, con un 4,8%, para decantar definitivamente la balanza del lado español. BlackRock, a mayores, cuenta con un 4,6% y es el fondo con mayor peso en el capital. Todo ello en un año en el que la primera compañía española de telecomunicaciones cumple su primer siglo de historia.
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