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La renovación del Poder Judicial desbloquea los relevos en el Banco de España y los reguladores

La prioridad es nombrar al nuevo gobernador de cara a la reunión del Banco Central Europeo del 18 de julio, con las vacantes en la CNMC y la puesta en marcha de la Comisión de Energía como siguientes retos

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo para la renovación del CGPJ, con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante la firma del acuerdo para la renovación del CGPJ, con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.Comisión Europea (Comisión Europea)
Nuria Morcillo

El acuerdo alcanzado el pasado martes entre el PSOE y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces que llevaba en funciones desde diciembre de 2018, ha desbloqueado las negociaciones para elegir los relevos de los altos cargos de otras instituciones, que llevan menos tiempo en situación de interinidad pero no por ello son menos importantes. Se trata del Banco de España, cuya subgobernadora, Margarita Delgado, ejerce la máxima responsabilidad de la institución de forma interina; la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con la mitad de los mandatos de sus consejeros (cinco de diez) caducados desde el verano del año pasado, y el Consejo de Radio Televisión Española (RTVE), que también opera con una presidenta provisional y cinco plazas de consejeros vacantes. A esta lista de renovaciones pendientes se puede añadir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), donde la presidencia de Rodrigo Buenaventura y la vicepresidencia, ocupada por Montserrat Martínez, expiran en diciembre.

Fuentes cercanas al Gobierno recuerdan que la prioridad era renovar el órgano de gobierno de los jueces y que, una vez logrado este hito, se abre la puerta a poner en marcha las negociaciones para el resto de órganos bloqueados o a punto de caducar. Para ello, afirman que el Ejecutivo “se va a sentar con todos los grupos parlamentarios, incluido el PP, con el fin de lograr el mayor consenso posible”. “Hay que aprovechar esta ventana de oportunidad que se ha abierto con el CGPJ, una dinámica breve, y llegar a más pactos el tiempo que dure”, añaden estas fuentes, al tiempo que resaltan que “ya depende de lo que quieran el resto de partidos”.

Por su parte, fuentes del PP aseguran que las renovaciones de los órganos que quedan pendientes son más “sencillas”, salvo la de RTVE, que presenta más complejidades. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que estaría dispuesto a pactar los nombramientos de los mencionados órganos “cuando toque renovar”. Y en el caso del Banco de España “toca ya”, destacó. Su expectativa es que esta negociación no sea tan complicada como la de CGPJ —que se ha visto durante cinco años y medio estancada por vetos de candidatos, posturas encontradas sobre la norma que regula el nombramiento de sus vocales y convocatorias electorales—, si se tiene en cuenta la regla no escrita de que el Ejecutivo nombra al gobernador y la oposición al número dos del organismo.

En efecto, el pacto más urgente es la designación del sucesor de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España, si bien el foco también está puesto en la CNMC y en la puesta en marcha de la nueva versión de la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE). Al PP no le quedan representantes en el órgano regulador de la competencia, tras la marcha en agosto del año pasado de la última consejera que quedaba de los nombrados en su día a propuesta de los conservadores, María Ortiz. La futura comisión reguladora del mercado eléctrico también deberá tener sus propios consejeros.

En el caso del Banco de España, desde el pasado 11 de junio, la subgobernadora del organismo, Margarita Delgado, asume las funciones del máximo responsable del supervisor bancario, una función que podrá ejercer hasta septiembre, cuando vence su mandato. Pero la premura para cerrar un pacto sobre el nuevo dirigente de la institución no apremia tanto por este hecho, sino por la cercanía de las siguientes reuniones del Banco Central Europeo (BCE), donde los gobernadores de bancos centrales nacionales en funciones (o sustitutos) no tienen derecho a voto en determinados asuntos como la política monetaria.

Las dos próximas reuniones del supervisor con sede en Fráncfort (Alemania) serán el 18 de julio y el 12 de septiembre; un momento clave para la política monetaria en la eurozona. Aunque a principios de junio decidió bajar los tipos de interés y dar un respiro a la zona euro tras dos años de lucha contra la inflación, el BCE no se ha comprometido a mantener la senda de descensos, pues según indicó en un comunicado el pasado 6 de junio el enfoque a aplicar en los siguientes encuentros dependerá de los datos que estén encima de la mesa en cada momento. De ahí la importancia de nombrar al nuevo gobernador antes del 18 de julio, para que España tenga representante con derecho a voto en la próxima reunión del BCE.

En cuanto a la CNMC, cinco de los puestos del consejo de administración están vacantes desde hace casi un año. Se trata de las plazas de las consejeras María Ortiz (propuesta del PP) y Pilar Canedo (que representaba al extinto Ciudadanos), que optaron por abandonar la institución el pasado verano una vez cumplidos sus respectivos mandatos de seis años; Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo, cuyos mandatos expiraron el pasado 23 de septiembre, aunque continúan transitoriamente en sus puestos; y una quinta correspondiente al último vicepresidente, Ángel Torres, quien falleció el 19 de agosto.

En este escenario entra en juego también la recuperación de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE), que podría entrar en funcionamiento a principios del próximo año y que contará con su propio consejo de siete miembros, que también deben ser nombrados. Para su puesta en marcha, el anteproyecto de ley debe contar con los informes preceptivos, que no vinculantes, del Consejo de Estado y de la CNMC. Si el consejo de la CNMC no está al completo, el órgano que preside Cani Fernández tendrá que emitir su dictamen sobre la CNE, con un pleno reducido y donde el PP ya no tiene representantes.

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Nuria Morcillo
Periodista de Tribunales con más de 10 años de experiencia. Tras dar los primeros pasos en El Mundo y ABC, llegó a la agencia de noticias Europa Press, donde comenzó a profundizar en el mundo jurídico. Después pasó por La Información, donde siguió especializándose en ese área. En CincoDías desde diciembre de 2022.
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