Hacienda pone el foco en el sistema de financiación de la futura Comisión de la Energía
La CNMC pidió en un informe que el presupuesto del nuevo organismo regulador sea “estimativo” y no “limitativo”
El anteproyecto de ley de restablecimiento de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) está en estos momentos en manos del Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige María Jesús Montero, a petición del Gobierno, está analizando el dictamen de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), de la que se segregará el regulador energético, en el cual este organismo pedía el pasado marzo año un cambio en la financiación de la futura CNE. Concretamente, se solicitaba que el presupuesto de esta fuese “estimativo” y no “limitativo”, tal como figura en el artículo 29 del texto legal que está en trámite.
Según dicho artículo, la CNE se nutrirá principalmente de las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, mediante “un régimen de presupuesto de carácter limitativo y vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los organismos autónomos”, recuerda el informe de la CNMC. A su vez -añade- “el régimen de variaciones y de vinculación de los créditos de dicho presupuesto será el que se establezca en el estatuto orgánico, escapando su establecimiento a la propia CNE”.
Por contra, el organismo que preside Cani Fernández, consideró necesario “dotar a la CNE de un régimen presupuestario de carácter estimativo, en línea con el régimen “que gozan otras Autoridades de idéntica naturaleza, para garantizar su suficiencia financiera y su suficiente autonomía presupuestaria para hacer frente con garantías a los retos futuros”. En otras palabras, recuperar el sistema de financiación de la antigua CNE, que perdió también la CNMC con su creación en 2013, que supone dotar de mayor autonomía a la institución.
En este sentido, recuerda en su dictamen que la Directiva 2019/944 exige que las autoridades reguladoras nacionales cuenten con recursos financieros suficientes “para desempeñar sus competencias de manera eficaz y eficiente” y que “han de tener una dotación anual separada con autonomía en la ejecución del presupuesto asignado”. Es por esta razón por la que propuso la modificación de los artículos 28 y 29 del anteproyecto para recuperar el sistema de financiación a través de tasas establecido para la extinta CNE. Lo que significa que esos ingresos se destinarán directamente a la Comisión y no al Ministerio de Hacienda.
Aunque la CNE se financiará vía peajes energéticos (de electricidad y de gas) que los consumidores pagan en sus facturas, y al margen de que se financie con cargo a ingresos extrapresupuestarios (como los peajes), los Presupuestos del Estado fijan el gasto máximo en que pueden incurrir los organismos públicos. Según fuentes políticas, aunque será el Gobierno el que decida finalmente si se cambia el texto, el criterio del Ministerio de Hacienda será decisivo. Por el momento, el departamento sigue analizando la cuestión y está provocando un retraso en trámite parlamentario.
Al Consejo de Estado
Una vez superado este trámite, el anteproyecto del ley de recuperación de la CNE pasará al Consejo de Estado, probablemente a principios de julio, para que emita su preceptivo dictamen. Ya superó el de la audiencia pública a principios de este año. Concluido este paso, el Consejo de Ministros deberá aprobar el proyecto de ley para su remisión a las Cortes, lo que se espera en su primera o segunda reunión tras las vacaciones de verano. A partir de entonces se iniciará el trámite parlamentario (por vía de urgencia) que podría terminar a finales de este año o principios de 2025, fecha a partir de la cual podría comenzar a funcionar la nueva Comisión. Esta contará con un consejo de administración de siete miembros (incluido el presidente) con un mandato de seis años.
Cuando entre en funcionamiento la CNE, que desapareció en 2013 con la creación de la CNMC, el Gobierno aprobará mediante real decreto su estatuto orgánico, que definirá las funciones y estructura interna de la secretaría del consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en el plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación. Por el momento ya lleva retraso, pues las previsiones apuntaban a que podría entrar en funcionamiento a finales de este año.
En estos momentos, el consejo de la CNMC, dividido en dos salas (la de Supervisión Regulatoria y la de Competencia) tiene cinco vacantes. En la primera sala permanecerán el resto de reguladores sectoriales, como telecos, audiovisual, postal o ferroviario, tras la segregación del área de energía. No se descarta que algunos de los actuales consejeros pasen, partiendo de cero, al consejo del futuro organismo.
Por el momento, el Gobierno se encuentra en el dilema de pactar o no con el Partido Popular no solo la designación de representantes para estas vacantes, sino también los de otros supervisores cuyos mandatos caducan o han caducado este año: el del gobernador y subgobernadora del Banco de España, el presidente y vicepresidenta de la CNMV y los siete de la futura CNE, ya en 2025.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Para seguir leyendo este artículo de Cinco Días necesitas una suscripción Premium de EL PAÍS
Sobre la firma