El Gobierno vetará la entrada del PP en la CNMC si no desbloquea el Consejo del Poder Judicial
El consejo del regulador sectorial y autoridad de la Competencia tiene cinco vacantes desde el verano que el Ejecutivo quiere cubrir ya
El Gobierno ha tomado una decisión drástica: si el Partido Popular no desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tendrá representación en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde, de los 10 puestos de su consejo de administración, cinco están vacantes desde el pasado verano y, de los cinco con mandato vigente, ninguno se corresponde a consejeros propuestos por el PP. Así lo confirman fuentes políticas, quienes no descartan que si el bloqueo continúa tampoco se les cederá el puesto de subgobernador del Banco de España.
La CNMC, organismo que preside Cani Fernández, está dividido en dos salas con cinco miembros cada una: la de Competencia y la de Supervisión Regulatoria. Las vacantes se corresponden a las de las consejeras María Ortiz (la última que quedaba de los nombrados en su día a propuesta del PP) y Pilar Canedo (que representaba al extinto Ciudadanos) que optaron por abandonar la CNMC el pasado verano una vez cumplidos sus respectivos mandatos de seis años. Para ello necesitaron del permiso expreso del Gobierno, ya que la norma establece que los vocales no pueden abandonar su cargo en tanto no sean sustituidos. Tal es el caso de otros dos consejeros que deben ser relevados: Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo, cuyos mandatos expiraron el pasado 23 de septiembre, aunque continúan transitoriamente en sus puestos. La quinta vacante corresponde a la del último vicepresidente, Ángel Torres, quien falleció el 19 de agosto.
La intención del Gobierno es cubrir estas cinco vacantes con una cierta rapidez y, en cualquier caso, sin esperar a la segregación en marcha del regulador y supervisión energético que supondrá la vuelta de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE). El Consejo de Ministros de la semana pasada lanzó a audiencia pública el anteproyecto de ley para “el restablecimiento” de este organismo, que contará con su propio consejo de siete miembros y podría entrar en funcionamiento después del verano, ya que se tramitará por vía de urgencia. Si para entonces sigue bloqueado el CGPJ, no se descarta que se cierre también el acceso del PP al nuevo consejo.
Al margen de este proceso de segregación, la CNMC mantendrá su funcionamiento normal y una de las asignaturas pendientes es cubrir las citadas vacantes. Si el Grupo Popular insiste en frenar la renovación del Poder Judicial, cuya actual representación se remonta a 2013, cuando los populares lograron mayoría absoluta, se quedará fuera de la CNMC. De hecho, ya lo está pues de los cinco consejeros con mandato vigente, ninguno representa al PP.
Propuestas parlamentarias
Los nombramientos de los miembros del consejo de la CNMC, como el del resto de reguladores, deben pasar por el las Cortes. Tras una negociación con el resto de grupos políticos, el Gobierno hace una propuesta de candidatos que remite al Congreso. Este dispone de 30 días para ratificar o vetar las propuestas y, precisamente, para evitar esto último, se pactan previamente los candidatos. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprueba los correspondientes decretos de nombramientos y, en su caso, de ceses. En estos momentos, además de la presidenta, de las consejeras María Jesús Martín y Pilar Sánchez, a propuesta del PSOE, continúan Josep María Salas, por ERC, y Carlos Aguilar, por Unidas Podemos. Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo fueron propuestos para la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) por el PNV y el PSOE, respectivamente, y tras su cese ilegal al ser integrado el regulador de las telecos en la CNMC, se incorporaron a esta por sentencia del Tribunal Supremo.
Si se retrasan las incorporaciones, un pleno de la CNMC muy reducido será el encargado de aprobar el informe que el organismo debe emitir sobre su propia segregación. El anteproyecto de ley para la recuperación de la CNE requiere de varios dictámenes previos, como el del Consejo de Estado y el de la CNMC, aunque este no es vinculante. Tras conocerse la intención del gobierno de coalición de independizar al regulador energético hubo una reacción en contra por parte de la presidenta del organismo. Una oposición que se ha ido aplacando a la vista de que el proyecto normativo sigue adelante y de que la Comisión mantendrá en su seno al resto de los reguladores sectoriales (de transporte, telecos o audiovisual). Salvo -lo cual no es previsible, que en el trámite parlamentario haya alguna sorpresa inesperada.
Una obstrucción de cinco años
El pasado mes de diciembre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cumplió cinco años en funciones por el bloqueo del Partido Popular y Vox para su renovación. Una situación que el resto de partidos califica “de anomalía democrática”. Mientras los dos partidos de derechas quieren un sistema de elección corporativa (que quede en manos de los propios jueces), el PSOE y las demás formaciones exigen primero su renovación por la norma vigente, sin perjuicio de un posterior debate de reforma en el que, defenderían, en cualquier caso, la elección parlamentaria.
El órgano de gobierno los jueces lo integran 20 vocales (además del presidente, que lo es también del Tribunal Supremo), con un mandato de cinco años (ya llevan 10). De estos, 12 son elegidos de entre una amplia lista de “jueces y magistrados” por las Cortes, que debe atenerse a ese filtro previo. Los ocho restantes los designa el Congreso y el Senado, por una mayoría de tres quintos, “entre abogados y juristas” de prestigio y más de 15 años de ejercicio. El CGPJ, que en estos momentos tiene 18 vocales por la jubilación de Rafael Fernández y el fallecimiento de María Victoria Cinto, nombra a todos los jueces del Supremo, a los presidentes de las Audiencias Provinciales, a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de sus salas y al presidente de la Audiencia Nacional y de sus salas.
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