Transición Ecológica presenta a la CNMC el anteproyecto de ley de su segregación
La secretaria de Estado de Energía acude con su equipo al pleno del organismo, que debe emitir un dictamen sobre la futura norma este mes
El pasado 5 de marzo la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y su equipo del Ministerio de Transición Ecológica, presentaron formalmente ante el pleno del consejo de administración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el anteproyecto de ley que supondrá la segregación del regulador energético de dicho organismo con lo que se recuperará la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE).
En la reunión estuvieron presentes también el equipo de la Dirección de Instrucción de Energía de la CNMC y un vocal asesor del Ministerio de Economía. El actual organismo que incluye la autoridad de la Competencia y los reguladores y supervisores sectoriales está adscrito a Economía pero la futura CNE lo estará al de Transición Ecológica.
Tras un inicial rechazo a la segregación del organismo protagonizado el pasado otoño por su presidenta, Cani Fernández, las aguas parecen haberse calmado. Al fin y al cabo, no ha prosperado la posición más dura, la de quienes reivindicaban la escisión de todos los reguladores sectoriales integrados en la CNMC (los de telecos, aeroportuario, ferroviario, audiovisual y postal) y no solo el de energía.
En la reunión con los responsables del ministerio no hubo disensión: los miembros del consejo del organismo entienden que es una decisión política en la que no pueden entrar, aseguran fuentes conocedoras del proceso. Además, añaden, el equipo técnico de energía es partidario de la independencia, eso sí, manteniendo las mejoras que han conseguido durante la etapa de la CNMC, organismo que se creó en 2013. Sí circula un cierto malestar por lo que los técnicos entienden un reforzamiento del poder del ministerio respecto a la CNE incluido en la futura norma.
En cualquier caso, las posiciones podrán expresarse en el informe preceptivo sobre el anteproyecto del ley de recuperación de la CNE, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de febrero, que la CNMC debe emitir en el marco del trámite parlamentario.
Precisamente, al día siguiente de la citada reunión, el ministerio que dirige Teresa Ribera solicitó oficialmente a la Comisión la elaboración de dicho informe por vía de urgencia, por lo que cuentan con 15 días hábiles para entregarlo. También se requerirá de un dictamen del Consejo de Estado.
Aunque el consejo de administración de la CNMC tiene pendiente cubrir cinco vacantes que se han ido acumulando desde el pasado verano, todo indica que esos puestos no se cubrirían hasta el mes de abril. El Gobierno no quiere alterar el proceso de aprobación del citado informe por parte del consejo y, además, sigue pendiente de un posible acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se encuentra en funciones desde hace cinco años.
Todo apunta a que la mediación solicitada a instancias del vicesecretario de organización del PP, Esteban González Pons, al comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, termina a finales de este mes, según el plazo dado por el propio comisario.
Y es que el Gobierno ha tomado una decisión drástica: si el Partido Popular no desbloquea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tendrá representación en la CNMC, según adelantó CincoDías el pasado 26 de febrero. De los 10 puestos que componen su consejo, cinco están vacantes y de los cinco consejeros con mandato vigente, ninguno se corresponde a consejeros propuestos por el PP.
Fuentes políticas aseguran, asimismo, que si el bloqueo continúa (ahora el PP liga un acuerdo a la Ley de Amnistía) tampoco se les cederá el puesto de subgobernador del Banco de España.
Las cinco vacantes del organismo se podrían cubrir en abril
Los nombramientos de los miembros del consejo de administración de la CNMC, como los del resto de reguladores, deben pasar por las Cortes. Tras una negociación con el resto de grupos políticos, el Gobierno hace una propuesta de candidatos que remite al Congreso. Este dispone de 30 días para ratificar o vetar las propuestas y, precisamente, para evitar esto último, se pactan previamente los candidatos. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprueba los correspondientes decretos de nombramientos y, en su caso, de ceses.
En estos momentos, además de la presidenta, Cani Fernández, en las dos Salas de la CNMC continúan las consejeras María Jesús Martín y Pilar Sánchez, que fueron nombradas a propuesta del PSOE; Josep María Salas, por ERC, y Carlos Aguilar, por Unidas Podemos. A Xabier Ormaetxea y Bernardo Lorenzo les caducó el mandato el pasado 23 de septiembre.
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