Hacienda suspende su concurso de telecomunicaciones tras un recurso de Vodafone
La operadora británica denuncia que las bases de la licitación por 65 millones benefician a Telefónica
La Agencia Tributaria ha suspendido cautelarmente la licitación del contrato para proveer su servicio de telecomunicaciones valorado en 65 millones de euros, tras el recurso interpuesto el pasado 9 de mayo por Vodafone, que alega que las bases de la licitación benefician a Telefónica, actual prestatario desde 2018, según ha confirmado la operadora británica recientemente adquirida por Zegona. La adjudicación, cuyo procedimiento para la presentación de ofertas concluyó el pasado día 8 de mayo, se paraliza sin plazo alguno hasta que se resuelva el recurso por parte del tribunal administrativo.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 2 de abril la contratación del servicio integral de telecomunicaciones por lotes con destino a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El contrato se divide en cuatro lotes diferenciados, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, por considerarse que los servicios pueden ser prestados por empresas diferentes o por la misma empresa, bien por resultar la oferta más ventajosa en todos los lotes bien por ofertar una oferta integradora que resulte más ventajosa.
El Lote 1 comprende el servicio de acceso a Internet y los de red privada virtual de interconexión de las aproximadamente 368 oficinas y los dos centros de proceso de datos de la AEAT mediante fibra óptica, tanto interna como con otros organismos; el Lote 2 abarca las comunicaciones para sus trabajadores, el contact center (centro de atención al cliente) y la red telefónica inteligente; el Lote 3 incluye las comunicaciones móviles, mientras que el lote 4 abarca los envíos masivos de mensajes cortos a móviles SMS.
Y es que la licitación también recoge que la Agencia Tributaria podrá adjudicar el contrato a “una oferta integradora al conjunto de los cuatro lotes”, si bien esta solo será admitida si la empresa en cuestión presenta una oferta individual para todos los lotes del contrato.
“Esta división en lotes trata de favorecer la concurrencia de ofertas de las empresas, según la especialidad de los servicios que desarrollan en el mercado. Los ofertantes podrán realizar una oferta integradora a todos los lotes, esto último siempre que hayan presentado una oferta individual a cada uno de los lotes”, señaló el Gobierno cuando hizo pública la licitación el pasado mes de abril.
Precisamente, Vodafone cuestiona que se permita esta modalidad de oferta integrada por los cuatro lotes ya que solo Telefónica tiene esa capacidad en lugar de que se liciten los lotes individualmente, pese a que la integración de ofertas está regulada por la propia Ley General de Contratos.
Principal adjudicataria
La operadora que preside José María Álvarez Pallete, cuyo principal accionista es ahora el Estado a través de la SEPI con un 10% del capital, ha sido desde 2006 el principal contratista de la Agencia Tributaria para la gran mayoría de estos servicios de telecomunicaciones. En concreto, en 2006 se formalizó un contrato de cuatro años para estos servicios por un importe de 72,98 millones de euros y dividido en cuatro lotes, de los que Telefónica se adjudicó tres y el área de Informática de El Corte Inglés el otro. Como esa licitación se prorrogó durante dos años, en 2012 se convocó un nuevo concurso público dividido en tres lotes y por un importe de 55,34 millones de euros. En esta ocasión Telefónica se adjudicó todas las partes del contrato, que también se prorrogó hasta 2018. Ese año se convocó otra licitación, valorada en 44,9 millones de euros y dividida en cinco lotes, de los que cuatro recayeron en Telefónica y el otro en Orange.
No es la primera vez que se recurre un concurso en las administraciones públicas, un ámbito público en el que, al contrario que en el sector privado y residencial, apenas han podido entra los competidores de Telefónica, que domina ampliamente este mercado. El pasado año, Correos tuvo que anular el concurso de de sus servicios de comunicaciones por un recurso de Orange, que prosperó el fase administrativa. No obstante, la sociedad postal volvió a convocar el concurso y de lo adjudicó de nuevo a Telefónica el pasado mes de noviembre.
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