Yolanda Díaz peleará para que el Gobierno eleve el IPREM, vuelva a subir el salario mínimo y fije topes al alquiler
La vicepresidenta retoma la idea de sacar a la SEPI de Hacienda para “transformarla en una agencia moderna” y que responda a las necesidades empresariales
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha enumerado este lunes los asuntos por los que su formación peleará en el seno del Gobierno para que se incorporen al proyecto del Ejecutivo tras las elecciones europeas y de cara a la próxima negociación presupuestaria. En concreto, estos asuntos son básicamente tres: lograr que el Gobierno suba el Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), que se usa para fijar numerosas ayudas públicas; un nuevo incremento del salario mínimo inteprofesional, y la adopción de políticas públicas para poner topes al precio de los alquileres y para abaratar el coste de los alimentos. “Da igual subir el salario mínimo y el resto de los sueldos si la cesta de la compra es imposible y el arrendamiento de una vivienda digna, también”, ha dicho Díaz durante la clausura de la primera jornada del Foro Económico Creo 2024 organizado por el diario económico CincoDías. Además ha retomado la idea de “sacar a la Sepi de Hacienda para transformarla en una agencia moderna de verdad”.
Díaz ha asegurado que los buenos datos en materia de empleo —haber alcanzado 21 millones de cotizantes; que diez millones de mujeres estén cotizando a la Seguridad Social; el aumento de la población activa, y el descenso de la tasa de temporalidad del 25% al 12,3%— “tienen que ver con unas políticas públicas que han cambiado la dirección del mercado de trabajo”. Por ejemplo, ha precisado que los ERTE “han demostrado ser una herramienta extraordinariamente eficaz”. Al igual que las reiteradas subidas del salario mínimo, que también ha considerado “un acierto” a pesar de los numerosos debates académicos que ha suscitado esta cuestión. A esto ha añadido la reforma laboral, cuyo éxito ha vinculado a que contó con el respaldo de empresarios y sindicatos. Todo ello, ha permitido España reducir la desigualdad. “Todo con eficiencia económica”, ha añadido, en referencia al superávit de 6.000 millones con el que cuenta actualmente el Servicio Público de Empleo (SEPE) frente a los abultados números rojos que acumuló este organismo en los años de la crisis financiera de 2008.
Para seguir reduciendo la desigualdad, la vicepresidenta ha exigido (a la parte socialista del Gobierno) que abandone la congelación del Iprem para los más vulnerables y suba este indicador de referencia. La ministra ya desveló recientemente sus presiones para que el Iprem subiera un 3%, algo que no salió adelante en las negociaciones presupuestarias. Además, ha vuelto a reclamar la creación de una prestación por hijo a cargo, que Sumar sitúa en 200 euros al mes y que ha de ser de carácter universal. Para conseguir la financiación presupuestaria que requerirá poner en marcha estos objetivos, la vicepresidenta segunda ha pedido evitar volver atrás y pensar que las políticas aplicadas son coyunturales para un tiempo corto o por la pandemia. “Este riesgo es real y tiene que ver con una Europa con una austeridad, más moderna, que sea 2.0, pero austeridad; con unas reglas fiscales que aunque se han flexibilizado los plazos, siguen sometiéndonos a las mismas restricciones”.
Una vez fijadas estas prioridades, Díaz apuntó hasta cinco desafíos que tiene España en esta legislatura. El primero de ellos es equiparar la tasa de empleo española a la europea. En segundo lugar, acometer una subida salarial generalizada en las empresas para la que, en su opinión, hay margen sin que sea inflacionista. Según los datos que ha aportado en su intervención, la actual mediana salarial en España son 1.545 euros y el salario medio real está prácticamente congelado desde hace más de 30 años, mientras que en las economías de la OCDE ha aumentado un 30% en esas tres décadas.
El tercero de estos “retos de país”, que ha mencionado la ministra de Trabajo, consiste en aumentar la productividad. En este sentido, Europa está “muy preocupada” por el diferencial negativo de este indicador en la UE respecto a Estados Unido y China. Y en el caso español, señaló el tiempo de trabajo y el aumento del tamaño de las empresas como palancas para mejorar los avances de la productividad.
El cuarto de estos desafíos afecta a la conservación de los sectores industriales estratégicos. “España es de los pocos países europeos que no tiene una ley que impida las deslocalizaciones”, ha indicado Díaz, quien pidió a los dirigentes empresariales presentes en el foro “su complicidad” para evitar el dumping social dentro de la UE. En este punto, ha reclamado, como ya hizo durante la pasada campaña electoral en los comicios generales, una “redefinición de la Sepi, para convertirla en una agencia pública moderna”. Eso requeriría, en su opinión, “sacarla del Ministerio de Hacienda” —donde está encuadrada—, porque su actual situación “impide hacer muchas cosas de las que están pidiendo las empresas hoy en este foro”, ha insistido.
Finalmente, ha hecho hincapié que esta legislatura será la del tiempo de trabajo, recordando que aunque los convenios colectivos ya pactan jornadas medias de 38,5 horas semanales. “Hay mucho que hacer” para lograr el objetivo del Gobierno de recortar la jornada legal a un máximo de 37,5 horas a la semana, remachó.
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