El Gobierno cambiará las subastas renovables en plena incertidumbre sobre la inversión
Tras el fracaso de las dos últimas convocatorias, el Ejecutivo saca a consulta previa el régimen económico que rige desde 2020. En tiempos de precios cero y negativos, este mecanismo debería ganar valor
Nuevas reglas de las subastas para un nuevo mercado eléctrico. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto este viernes a consulta pública previa la modificación del régimen económico de las renovables, el marco normativo que rige en las subastas de energía verde. La intención última del cambio es incentivar este mecanismo, caído en desgracia en los últimos tiempos, y que vuelva a ser una alternativa útil para que los desarrolladores de eólica y —sobre todo— de fotovoltaica se resguarden frente a la volatilidad. También evitar que los criterios económicos sean, como hasta ahora, el único elemento de valoración de las ofertas.
La apertura de la consulta pública coincide con la proliferación de precios cero (e incluso negativos) en cada vez más tramos horarios del mercado mayorista de la luz. También de la creciente disparidad de precios entre las horas más baratas (las solares) y más caras (primera hora de la mañana y última de la noche), un elemento que ha disparado la incertidumbre entre los promotores fotovoltaicos. El Ejecutivo aspira a que el proceso pueda concluir a finales de abril o principios de mayo.
Frente al criterio económico como único baremo de las ofertas, el ministerio aspira ahora a que hasta el 30% del resultado de las subastas vaya más allá del precio al que los productores ofrecen su energía, y dependa de criterios sociales y ambientales. “Se está imponiendo un nuevo paradigma por el que resulta crucial valorar la calidad del proyecto renovable”, argumenta el texto, que recuerda que ya hay dos iniciativas a escala europea que apelan a la introducción de elementos “cualitativos objetivos” más allá de lo puramente financiero.
La exposición de motivos de la consulta se fija, además, otras dos metas para esta nueva normativa: “Contribuir a una mayor flexibilidad del sistema, facilitando la integración de la energía generada por los proyectos adjudicatarios de las futuras subastas en los momentos en que sea más necesario para el sistema eléctrico” e “introducir mejoras en el diseño y procedimiento de las subastas y el régimen económico asociado”.
El espíritu de la modificación es claro: el mercado español es otro, completamente diferente del que había hace una década y, también, bastante diferente del que había en 2020, cuando se fijaron las reglas del juego de las subastas que se siguen aplicando hoy. “Transcurridos casi cuatro años desde su aprobación, resulta necesaria una revisión del marco para incorporar las nuevas necesidades del sistema eléctrico, los objetivos de política energética e industrial en el contexto europeo asumidos en los últimos años, así como realizar ajustes de diseño a la luz de la experiencia de su aplicación en las subastas celebradas hasta la fecha”, expone.
La última subasta de renovables, celebrada a finales de 2022, fue un fracaso: resultó en la adjudicación de menos de 50 megavatios (MW) eólicos y fotovoltaicos, el 1,5% del total sacado a concurso (3.300). Las grandes eléctricas ni siquiera pujaron y el proceso quedó prácticamente desierto. Algo muy similar a lo ocurrido un mes antes, con la termosolar, la biomasa y la fotovoltaica distribuida. Es cierto que los altos precios de la luz de aquellos días eran una invitación para que los desarrolladores vendieran su producción en el mercado o a través de PPA (contratos bilaterales entre dos empresas, sin intervención alguna del sector público). Pero también es evidente que las reglas de estas subastas habían quedado desfasadas.
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