Duro Felguera se juega 153 millones en dos disputas fiscales con la Agencia Tributaria
Hacienda le ha remitido dos acuerdos de liquidación por la incorrecta declaración del impuesto sobre Sociedades. La Audiencia Nacional tiene la última palabra.
La empresa de ingeniería y bienes de equipo Duro Felguera afronta un futuro incierto. La firma cerró 2023 con unas pérdidas de 21,8 millones de euros frente al beneficio neto de 5,1 millones de euros obtenido doce meses antes, como consecuencia fundamentalmente de los sobrecostes ocasionados por el retraso del contrato firmado con Tata en Países Bajos, que ha derivado en un saldo negativo de 17 millones de euros. Un escenario económico peor de lo previsto que, salvo giro inesperado de los acontecimientos, va a provocar la salida del actual consejero delegado, Jaime Arguelles, al que los propietarios de la firma consideran como el principal responsable de esa situación.
Pero el económico no es el único elemento de preocupación de la compañía. En el informe financiero del segundo semestre de 2023, Duro Felguera revela dos investigaciones abiertas por la Agencia Tributaria por la supuesta declaración incorrecta del impuesto sobre sociedades en el extranjero que desembocaron en dos acuerdos de liquidación por un importe de 153 millones de euros. La compañía recurrió ambos ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC ), que desestimó las demandas y le dio la razón a Hacienda, y ahora está pendiente de que los recursos contenciosos-administrativos que ha presentado ante la Audiencia Nacional prosperen para evitar un agujero económico aún mayor que el presentado en las cuentas hechas públicas el pasado sábado.
El primer acuerdo de liquidación, en el que se le reclama 123 millones de euros, surge a partir de la investigación del grupo fiscal, cuya entidad dominante es Duro Felguera, respecto a la declaración del impuesto de sociedades entre los años 2010 y 2012. “El acuerdo de liquidación se fundamenta principalmente en las discrepancias de la Agencia Tributaria en relación con la aplicación por el Grupo de la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por Uniones Temporales de Empresas (UTE) que operen en el extranjero”, recalca la compañía en el citado informe. El recurso ante el TEAC se desestimó en mayo de 2021 y posteriormente se interpuso recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, “encontrándose dicho recurso pendiente de resolución”.
El segundo acuerdo de liquidación, en el que la Agencia Tributaria reclama 30 millones de euros, tuvo como origen la investigación y comprobación del impuesto sobre sociedades del grupo fiscal para los ejercicios 2013 y 2014. Y se basa en el mismo principio que el primero. Hacienda considera que no se puede aplicar la exención sobre las rentas procedentes del extranjero obtenidas por el régimen de UTE que operen en otros países. En este caso, el recurso ante el TEAC fue desestimado en abril de 2023 y Duro Felguera está pendiente de la resolución de la Audiencia Nacional.
Las discrepancias con las autoridades fiscales superan las fronteras españolas, ya que la filial brasileña (Duro Felguera Do Brasil) también tiene abierto un procedimiento inspector relacionado también con la declaración del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2012 y 2015, actualmente en fase de apelación, “del cual se derivaría un potencial riesgo fiscal estimado de 46 millones de reales brasileños (8,1 millones de euros)”. El procedimiento se encuentra suspendido desde 2019 a la espera de que se nombre funcionario instructor del mismo. Tanto los administradores de la Sociedad dominante como sus asesores fiscales externos concluyen “que no es probable que dichos importes se tengan que satisfacer”.
Pese a ese complejo escenario, la compañía prevé que las dificultades económicas responden a cuestiones puntuales, como el contrato de Tata en Países Bajos, y confía plenamente en la viabilidad de la misma a largo plazo. En la actualización del plan estratégico augura que las ventas habrán superado por primera vez los 1.000 millones de euros (cuatro veces más que los 281 millones alcanzados en 2023) y que el resultado de explotación (ebitda) se multiplicará por cuatro hasta rozar los 95 millones de euros. De los 281 millones de euros facturados el pasado ejercicio, la compañía destacó el fuerte impulso experimentado por el área de servicios especializados, que se convirtió en la que más ingresos aportó a la firma, con 140,4 millones de euros, seguida de lejos por las plantas industriales, con 73,7 millones, y la energía, con 53,8 millones.
Los minoritarios denuncian piden estar representados en el Consejo
Voz y voto. El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha lanzado una campaña para tratar de ganar peso y relevancia en el capital de la compañía, a la que denuncia por la falta de transparencia, tras reclamar información sobre las cuentas, las desinversiones y la exención de la OPA sin éxito. Por ello, Eduardo Breña, presidente del sindicato de accionistas minoritarios (SAM) de Duro Felguera, remitió ayer un comunicado por la red social X en el que instaba a seguir creciendo en el accionariado de la compañía (actualmente asegura que representan al 8% de los títulos) y en el que aspira a llegar a duplicar su presencia hasta el 15% del capital. "Solo la falta de apoyo en masa del accionariado minoritario ha impedido que podamos ser más eficaces. Está en nuestra mano aún conseguir sumar entre el 10% y el 15% para poder tener voz y voto en el Consejo y demostrar que en los mercados financieros y en las cotizadas, los accionistas minoritarios pueden participar en la gestión y gobernanza y defender sus intereses colectivos".
Una vez consumada la entrada de los nuevos accionistas mayoritarios y garantizada la viabilidad de la compañía, el SAM recalcó su mensaje en defensa del interés de los accionistas minoritarios. “A nuestro juicio constituye una anomalía inadmisible y contraria a la buena gobernanza que un acreedor (SEPI) tenga representación en el Consejo y haya participado en el diseño de la operación y la elección de los socios, mientras que se haya impedido a más del 8% (porcentaje muy difícil de conseguir en una cotizada por minoritarios) ser los ojos, los oídos y la voz de los minoritarios”. Desde el sindicato esperan que esa “anomalía” sea subsanada por el Grupo Prodi y Mota Engil, los nuevos accionistas mayoritarios. “El SAM no se rinde y debe exigir una gestión eficaz, poner de manifiesto cualquier irregularidad u ocultación de información y cumplir así con sus fines fundacionales. Se necesita luz y taquígrafos, se acabó la política de ocultación de la información y documentación solicitada con el beneplácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”.
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