Carrera de bufetes en EE UU contra el Santander por la cuenta de Irán
Tres despachos de abogados buscan accionistas para reclamar una indemnización por los supuestos movimientos de dinero para sortear las sanciones
La revelación de que empresas pantalla de Irán utilizaron una cuenta de Banco Santander en Reino Unido para sortear las sanciones de Estados Unidos ha permitido a varios despachos de abogados especialistas en class action (demandas colectivas) poner en marcha toda la maquinaria para buscar nuevos clientes y demandar a la entidad financiera por un presunto perjuicio a inversores. Aunque aún no consta ningún acción judicial contra el banco que dirige Ana Botín en los tribunales norteamericanos, el tiempo empieza a correr para estos bufetes que se juegan el liderazgo en la representación de los inversores que quieran reclamar daños y perjuicios.
Tras conocerse la noticia que publicó en exclusiva el Finantial Times, el pasado 4 de febrero, los bufetes empezaron a movilizarse. Hasta el momento se conoce el nombre de tres despachos de Estados Unidos que analizan ya si Santander violó las leyes federales de valores por no detectar que el régimen iraní estaba operando a nombre de terceros. Se trata de Frank R. Cruz, con sede en Los Ángeles (California); Block & Leviton, con presencia en San Mateo (California), Wilmington (Delaware), Boston (Massachusetts); y Bronstein, Gewirtz & Grossman, con oficinas en Manhattan y Brooklyn (Nueva York) y Nueva Jersey.
Según indican los despachos de abogados en sus respectivas páginas web, la noticia publicada por el periódico británico provocó que el precio de las acciones del Santander, al día siguiente de la publicación, cayera más un 5%. Y esto es lo que ha motivado a los despachos a iniciar los trámites para plantear una class action, una figura legal muy recurrida en Estados Unidos, que permite a un grupo amplio de afectados compartir la misma acción judicial y evitar así la interposición de una multitud de de demandas individuales por un mismo asunto.
Según han indicado representantes de estos bufetes a CincoDías, los despachos de abogados están realizando una “investigación” para determinar los hechos y comprobar si encajan en un fraude de valores y en un incumplimiento del deber fiduciario por parte del Banco Santander. Las normas estadounidenses obligan a las corporaciones a informar a la SEC (el supervisor norteamericano) de cualquier transacción, operación o trato relacionada con Irán.
En este momento, este trámite se encuentran en una fase preliminar, según han indicado las mismas fuentes, por lo que todavía no se ha presentado ninguna demanda colectiva. En cualquier caso, los bufetes consultados por este diario han precisado que la interposición de la demanda no supone el inicio inmediato de la fase judicial, pues antes de entrar a analizar los hechos, el tribunal debe elegir al despacho que defenderá los intereses de todos los inversores que exigen una compensación por la caída de las acciones con motivo de la noticia sobre Irán.
Las leyes federales obligan al despacho que ha presentado la demanda a realizar un aviso público, dentro de los 20 días siguientes, para comunicar este hecho y hacer un último llamamiento a los inversores que adquirieron acciones durante un periodo concreto (”periodo de clase”) para unirse al proceso si lo desean. Será a partir de entonces cuando se abrirá otro plazo de 60 días para que los miembros del grupo reclamen al tribunal que les reconozcan como demandante principal. Por lo general, los jueces suelen designar como líder de la acción al bufete que representa una mayor pérdida, han destacado los despachos con los que se ha puesto en contacto CincoDías. Será entonces cuando ya se ponga en marcha el procedimiento judicial, que puede durar años en resolverse.
Investigación interna
El Banco Santander desmintió la información de Finantial Times y aseguró que había realizado una investigación interna que concluyó que “no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros”. Esta conclusión fue trasladada a sus empleados en un comunicado interno, en el que la entidad reiteró el cumplimiento de todas las normas y que el titular de la cuenta utilizada, supuestamente, por Irán no estaba incluida en ninguna lista de sanciones. “En ningún momento, Santander UK tuvo conocimiento de que el titular de la cuenta fuera propiedad en fideicomiso de una empresa iraní sancionada por Estados Unidos, como se alega en el artículo, ni el banco podría haber identificado el fideicomiso basándose en una revisión de los registros públicos”, señala la nota.
Según el medio británico, Santander habría albergado cuentas de compañías que, en secreto, están en manos de Petrochimical Commercial Company (PCC), una de las empresas iraníes sobre la que pesan las mencionadas sanciones. Según FT, un cliente británico de la entidad bancaria, la sociedad Pisco UK habría sido la tapadera de Irán para recibir dinero desde el extranjero (China, principalmente). El problema es que esta sociedad estaría participada por PCC, gracias a la utilización de testaferros, a la que primera potencia mundial acusa de haber sido un vehículo para generar cientos de millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán y de haber trabajado con la inteligencia rusa con el fin de financiar milicias cercanas al régimen iraní.
Según defendió Santander entre sus trabajadores, esta cuenta de Pisco UK se cerró en 2022 por motivos ajenos a los descritos en la noticia, al tiempo que subrayó que las cantidades que se movieron fueron “insignificantes”. Asimismo, descartó cualquier vulneración de información a las autoridades regulatorias de EE UU y Reino Unido y aseguró que está en contacto con las mismas para mantenerles al tanto de novedades.
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