Un bufete de EE UU prepara una demanda colectiva contra Santander por la cuenta vinculada a Irán
El despacho Frank R. Cruz anima a inversores que se sientan perjudicados por el desplome de las acciones a unirse a la denuncia
Las últimas noticias sobre el uso por parte del régimen iraní de una cuenta de Santander UK y de Lloyds para mover dinero de forma encubierta y evadir las sanciones internacionales que pesan sobre el país ha provocado ya los primeros movimientos legales. El despacho Frank R. Cruz, con sede en California, prepara una demanda colectiva (class action) contra el banco que dirige Ana Botín por las consecuencias de la información que Financial Times publicó el pasado 4 de febrero. Así, la firma legal ha animado a inversores que se sientan perjudicados por estos hechos a unirse a este pleito, muy habitual en Estados Unidos.
“Las oficinas legales de Frank R. Cruz anuncia una investigación de Banco Santander en nombre de inversionistas sobre las posibles violaciones de las leyes federales de valores por parte de la Compañía”, reza un comunicado del despacho publicado en su propia página web. Según explica el bufete, la noticia publicada por el diario británico ha causado un daño a los inversores ya que “el precio de las acciones de Santander cayó 0,24 dólares (5,7%) para cerrar a 3,94 dólares por acción el 5 de febrero de 2024″.
Tras la revelación de los movimientos bancarios de Irán a través del Santander en Reino Unido, el banco desmintió esta información y aseguró que había realizado una investigación interna que concluye que “no ha incumplido la normativa estadounidense sobre sanciones impuestas a terceros”.
Fuentes financieras indican que la demanda se motiva en que Santander debió haber dado a conocer dichas operaciones a los accionistas antes de que saliera a la luz por Financial Times.
El medio británico detalló que, en base a documentos a los que ha tenido acceso, Santander habría albergado cuentas de compañías que están en secreto en manos de Petrochimical Commercial Company (PCC), una de las empresas iraníes sobre la que pesan las anteriormente mencionadas sanciones. Según FT, un cliente británico de la entidad bancaria, la sociedad Pisco UK habría recibido dinero desde el extranjero (China, principalmente). El problema es que esta sociedad estaría participada por una empresa estatal iraní (Petrochemical Commercial Company), gracias a la utilización de testaferros.
Petrochimical Commercial Company es parte de una red internacional de sociedades a la que Estados Unidos acusa de haber sido un vehículo para generar cientos de millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán y de haber trabajado con la inteligencia rusa con el fin de financiar milicias cercanas al régimen iraní.
La Unión Europea aprobó el último paquete de sanciones contra Irán hace un año, por la represión de protestas pacíficas. También Reino Unido y Estados Unidos llevan años imponiendo multas y restricciones a aquellas empresas que pretenden hacer negocios con el régimen de los ayatolás. De hecho, años atrás, cuando se demostró que otros bancos europeos habían incumplido las sanciones estadounidenses sobre Irán fueron sancionados con grandes multas. Standard Chartered tuvo que pagar más de 1.000 millones de dólares a modo de castigo y Unicredit afrontó otra penalización de 1.000 millones de dólares en 2019.
El despacho Frank R. Cruz cuenta con casi 20 años de experiencia en class action relacionadas con “fraude de valores y mala conducta corporativa”, según indica en su propia página web.
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