Ayuntamientos y autonomías solo compran 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas por Sareb
El plan anunciado por Pedro Sánchez en abril arranca con la venta de un 1,67% de la cartera. Las elecciones municipales y autonómicas y las limitaciones presupuestarias lastran estas adquisiciones
El plan de vivienda social puesto en marcha por el Gobierno a través de Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) ha arrancado con humildes resultados. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció en abril, en plena precampaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, la oferta de 50.000 alquileres asequibles a través del conocido como banco malo. De esa cifra, 21.000 unidades estaban destinadas a que corporaciones locales y comunidades autónomas las adquiriesen y las gestionasen para dar soluciones habitacionales a familias con dificultad para el acceso a la vivienda. A fecha de 31 de diciembre de 2023, esta sociedad solo había vendido 350 de esas casas, según cifras internas de la propia Sareb.
Desde la entidad pública, en la que el FROB (Autoridad de Resolución Ejecutiva) es accionista mayoritario, se explica que las razones para que este programa específicamente lanzado para ayuntamientos y autonomías no funcione, de momento, son varias. El primer problema fue la propia convocatoria electoral de municipales y autonómicas de mayo, que supuso en muchos lugares un vuelco electoral con la formación de gobiernos de PP y Vox. El cambio de color político no ha influido en el interés por las viviendas, pero las fuentes del banco malo indican que el proceso de traspaso de poderes ha ralentizado la toma de decisiones.
“Hay interés”, aseguran responsables de Sareb, sobre las potenciales compras. Pero reconocen que otro de los problemas que se encuentran son las “limitaciones presupuestarias” de las diferentes administraciones, que podrían ir superándose en sucesivos presupuestos. Igualmente, se habla de un “trabajo lento” en la toma de decisiones de corporaciones y territorios.
Sareb ha vendido esas 350 casas desde abril, el 1,67% de la cartera inicial, a 18 administraciones de distinto color político. Entre ellas, las regiones de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia, Galicia y Castilla y León, además de grandes ayuntamientos como Madrid y Barcelona.
Esas 21.000 casas disponibles para las administraciones están también en comercialización a través de las inmobiliarias proveedoras de esta sociedad pública (Aliseda, Anticipa e Hipogés). Si un consistorio o un Gobierno regional desea ese inmueble, se retira de la venta a compradores minoristas.
Sánchez utilizó en campaña a Sareb para abordar la escasez de alquiler asequible, asumiendo algunos de los programas que la sociedad venía promoviendo en los últimos meses. Desde 2022, esta entidad es pública, controlada por un 50% por el FROB (dependiente del Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo), además de contar con inversores privados como Santander (22,2% del capital), Caixabank (12,2%) y Sabadell (6,6%). Javier Torres ejerce como presidente de Sareb desde hace dos años en representación del FROB y Leopoldo Puig es el consejero delegado.
En enero, la sociedad también ofreció 4.770 suelos a 520 ayuntamientos para que los destinen a usos sociales. Se trata de solares, en condiciones económicas ventajosas, de distinta tipología y que pueden ser aprovechados para proyectos de interés público, como centros de salud, parques infantiles, zonas verdes o aparcamientos.
Otras iniciativas de las 50.000 viviendas
Dentro del programa de las 50.000 viviendas asequibles de Sareb, de las que 21.000 van destinadas a administraciones, la entidad pública desarrolla otros dos programas. 15.000 alquileres provendrán de la construcción residencial en colaboración público-privada. Para ello, la consultora PwC actualmente prepara una primera fase con el lanzamiento de las primeras parcelas, con una capacidad de 3.500 casas. En este caso, los inversores o promotoras interesados construirán edificios en estos solares cedidos y los destinarán a arrendamiento por debajo de precio de mercado.
Además, las otras 14.000 afectan a viviendas ya habitadas, pero con arrendamientos irregulares (algunas por okupación) o con morosidad y que están destinadas a familias en situación de vulnerabilidad. La entidad trabaja para regularizar esa situación a cambio de precios de alquiler conforme a los ingresos familiares.
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