El Gobierno confía en los fondos KKR y Blackstone para ejecutar su plan de vivienda
Una de las patas de ese plan son las 21.000 viviendas disponibles para la venta y que Sareb ofrece ahora a las Administraciones interesadas para que las compren
Dos de los grandes fondos de capital riesgo e inmobiliarios del mundo serán un pilar fundamental para que el plan del Ejecutivo de 50.000 viviendas sociales tenga éxito. De las firmas Aliseda/Anticipa (del fondo Blackstone) e Hipoges (de KKR) depende la comercialización de 21.000 casas de la Sareb disponibles para que comunidades autónomas y ayuntamientos las adquieran y las destinen a alquiler asequible. Además, Servihabitat (de Lone Star), deberá gestionar otros 14.000 contratos para familias vulnerables. Unos grandes fondos a los que el socio de la colación gubernamental Unidas Podemos ha demonizado y tachado recurrentemente de fondos buitre.
Pedro Sánchez anunció el pasado domingo 16 de abril en un mitin del PSOE en Valencia una de las nuevas medidas de vivienda asequible del Gobierno: Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) destinará 50.000 viviendas a ese plan. Se trata de inmuebles que los bancos con problemas de la crisis financiera y del ladrillo traspasaron al conocido como banco malo. Desde abril del pasado año, el FROB (dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos) pasó a controlar la entidad y apostó por el destino social de estos activos.
Una de las patas de ese plan son las 21.000 viviendas disponibles para la venta y que Sareb ofrece ahora a las Administraciones interesadas para que las compren.
El Ejecutivo no ha dado muchos detalles públicos sobre cómo se aplicará esa operativa. Desde Sareb se avanza a este diario algunos detalles sobre cómo se realizará esa venta. De esa cifra, 9.000 son casas que están ya actualmente en comercialización a través de Aliseda/Anticipa e Hipoges, las inmobiliarias proveedoras –conocidas como servicers– de esta sociedad pública. Y otras 12.000 unidades saldrán a la venta próximamente.
Esas casas pueden estar ya anunciadas en los portales web de esos servicers y también en otros como Idealista y Fotocasa. Por tanto, cualquier particular o inversor puede comprarlos.
Sin embargo, desde Sareb se explica que las Administraciones tendrán prioridad. Pero para ello, cada comunidad autónoma o consistorio deberá comunicar su interés de compra. Así, de esta forma, esas Administraciones deberán tener un primer contacto con el departamento de relaciones institucionales de la entidad pública para aclarar el número de unidades y ubicaciones que les interese.
Después de eso, entrará el trabajo real de comercialización por parte de Aliseda/Anticipa e Hipoges: desde la identificación de activos, preparación de la cartera, visitas a inmuebles o tramitación.
Esta labor recae en Hipoges y Aliseda/Anticipa porque desde el pasado año son los dos socios de Sareb encargados de comercializar sus activos, tras imponerse en el concurso público. La mayor parte de esos activos se ubican en la Comunidad Valenciama Cataluña, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Los fondos
Aliseda y Anticipa están controladas por la gestora estadounidense Blackstone, un fondo de capital riesgo, de deuda e inmobiliario. Estos dos servicers sirven al fondo también para gestionar su propia cartera, ya que es uno de los grandes propietarios de vivienda, procedente sobre todo de portfolios adquiridos a bancos. Por ejemplo, compró a Santander el 51% de la sociedad en la que la entidad financiera englobó su ladrillo tóxico procedente de Popular. También adquirió vivienda protegida del Ayuntamiento de Madrid, que canalizó a través de Fidere.
Por eso, esta firma estadounidense ha sufrido los ataques constantes desde la izquierda y de las plataformas por la vivienda digna y se convirtió en una de las dianas favoritas de Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, a la que se refería como “fondo buitre”.
El caso de KKR es algo diferente. Se trata de una firma de capital riesgo con menos inversión directa en vivienda en España –aunque sí en carteras de créditos fallidos con garantía hipotecaria (o NPL)–. Entró en Hipoges en 2017, firma que ofrece asesoramiento inmobiliario y gestión de NPL.
Fuentes del sector entienden que Sareb tenga la obligación por contrato de apoyarse en sus dos socios para garantizar el éxito del plan anunciado por Sánchez. Y, además, indican que firmas como Aliseda/Anticipa, Hipoges o Servihabitat se han convertido en los verdaderos expertos de la gestión de la vivienda y los alquileres sociales del país.
De las 50.000 unidades del plan de Sánchez, otras 14.000 son destinadas a estos alquileres sociales para familias vulnerables. En este caso, el socio de Sareb es Servihabitat (de Lone Star y Caixabank), que ganó otro concurso el pasado año. Se trata de casas que están ya habitadas aunque en situación irregular, por ejemplo, en las que las familias hayan caído en morosidad, les haya vencido el contrato, podrían ser incluso antiguos propietarios del inmueble u okupas. Estos inquilinos pueden destinar como máximo un 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
Por último, otras 15.000 casas provendrán en los próximos años de la construcción de vivienda nueva en colaboración público-privada. Para ello, la consultora PwC actualmente está identificando para Sareb los suelos disponibles, en una cartera también gestionada por Servihabitat.
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