La guerra entre Codere y su fundador: Martínez Sampedro debe devolver tres iPads que retiene tras su despido en 2018
El ex presidente ejecutivo conserva además dos iPhone y un portátil propiedad de la compañía con “información confidencial”, según defiende esta
La batalla judicial que enfrenta desde hace años a Codere y la familia fundador ha cubierto todo tipo de litigios desde que, en 2018, los hermanos José Antonio y Luis Martínez Sampedro fueran apartados de la compañía. Los pleitos cruzados han abordado desde el pacto de socios que en 2016 dio el control del grupo a los acreedores, reduciendo el papel de sus fundadores a una gestión ejecutiva que más tarde se les retiró; hasta una condena por administración desleal contra estos, pendiente de sentencia firme.
El último episodio pone de relieve la distancia que separa a las partes. La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al ex presidente ejecutivo de la compañía de juego, José Antonio Martínez Sampedro, a devolver varios dispositivos electrónicos que este ha retenido desde que el consejo de administración de la empresa decidió, el 12 de enero de 2018, su cese en el cargo. Más de cinco años en los que el empresario ha conservado tres iPads, dos iPhone y un ordenador portátil que fueron entregados por Codere para el desarrollo de sus funciones ejecutivas.
La compañía defendía que la entrega de estos dispositivos formaba parte del contrato profesional firmado con Martínez Sampedro. Cuando este se resolviera, apuntaba la demanda de la compañía, el ejecutivo debería devolverlos. Esa resolución llegó aquel 12 de enero de 2018. “Se pide la devolución de los dispositivos al demandado y este no los entrega”, describe la sentencia.
Pero incluso más relevante que los dispositivos es lo que estos contienen. Codere defiende que se trata de “información confidencial”, y que los Ipads, los Iphones y el portátil deben ser devueltos con ese contenido inalterado. El juzgado de primera instancia de Alcobendas dio la razón a la empresa en una sentencia fechada en octubre de 2021, que fue recurrida por Martínez Sampedro.
La Audiencia Provincial desestima ese recurso en una sentencia fechada en noviembre. Esta confirma la obligación para que devuelva los dispositivos e impone al ex presidente el pago de las costas. La sentencia no es firme y está pendiente de la interposición, o no, de recurso de casación por parte del demandado. Por tanto, los dispositivos siguen bajo control de Martínez Sampedro.
“De lo actuado se deduce que la cesión de los dispositivos litigiosos al demandado se realizó en el marco de un contrato de servicios profesionales firmado entre la entidad y el demandado, en su condición de presidente ejecutivo de la misma, siendo evidente que se da el requisito de la posesión indebida por carente absolutamente de título tras la resolución del contrato”, dice la sentencia.
En su recurso, el empresario argumentaba, entre otras cosas, que su contrato profesional estaba firmado con Codere SA, y no con Codere Newco, sociedad que es la que presentó la demanda. El juzgado rechaza este razonamiento, y recuerda que en 2016 se firmó una transmisión patrimonial desde Codere SA a Codere Newco, como parte de una de las múltiples reestructuraciones que ha tenido el grupo de juego para solucionar sus problemas financieros.
Una operación que también fue judicializada y está pendiente de sentencia firme. Pero el tribunal no ve que esto influya en este caso, y concluye que esa cesión patrimonial da la propiedad de los dispositivos reclamados y de la documentación contenida a Codere Newco.
Una salida que llegó a la Corte Internacional de Arbitraje
Cese. El 12 de enero de 2018, el consejo de administración de Codere decidió el cese de José Antonio Martínez Sampedro como presidente ejecutivo, y de su hermano Luis Javier como vicepresidente, en uno de los múltiples procesos de reestructuración que la compañía ha llevado a cabo en los últimos años. Una decisión que los hermanos consideraban contraria al pacto de accionistas que se firmó en 2016, por el que estos conservaban dichos puestos ejecutivos, a cambio de dar el control efectivo de la empresa a varios fondos acreedores. El caso llegó a la Corte Internacional de Arbitraje, que hace dos años desestimó sus peticiones. Poco antes, la Audiencia Nacional se declaró incompetente para investigar el pacto de socios entre los fondos y el cese de los Martínez Sampedro.
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