Abertis denunciará la nueva tasa francesa a las concesionarias de infraestructuras
El grupo español prevé un coste de 80 millones por el impuesto que gravará a partir del 1 de enero los beneficios en autopistas y aeropuertos
La compañía de referencia en el mercado concesional francés, la catalana Abertis, tiene decidido que irá por la vía judicial contra la tasa que va a imponer el país vecino a partir del 1 de enero sobre los beneficios generados por la explotación de infraestructuras de transporte. El gravamen tiene en la diana a operadoras de autopistas y de aeropuertos, ante lo que que Abertis, propietaria de la firma gala de autopistas Sanef, calcula un coste extra de 80 millones de euros por este concepto en 2024.
Desde la dirección de la compañía se defiende que el Estado debe compensar esta nueva factura en los contratos de concesión. La tasa está en fase de tramitación y se da por descontado que saldrá adelante con efecto retroactivo a la citada fecha del 1 de enero de 2024. Esta carga nacerá sin plazo de expiración.
“Tenemos argumentos para sostener que nos deberán una compensación”, explica un alto directivo de Abertis. El equipo jurídico de la empresa espera el texto definitivo para desarrollar su estrategia, pero es claro el rechazo a un gravamen sobre acuerdos de explotación de infraestructuras en marcha. Cosa aparte serán futuras concesiones.
La filial Sanef opera 1.769 kilómetros de pago en el país vecino a través de dos concesiones, lo que supone un 22% de la red de alta capacidad francesa.
Actualización de los peajes
Otro frente abierto para el sector concesional, este en España, es el de la actualización de las tarifas que serán aplicadas en 2024. Las empresas de autopistas esperan un inminente anuncio del Ministerio de Transportes con la fórmula que debe reconocer una subida ligeramente superior al 4%, desde una tasa de inflación interanual del 3,2% al cierre de noviembre. El año pasado el porcentaje a estas alturas de año era del 8%, ante lo que se decidió llevar la mitad del incremento a los peajes y que el resto fuera sufragado por el Estado con liquidaciones trimestrales.
A Abertis le restan 600 kilómetros bajo su gestión en distintos puntos de España, tras el vencimiento y reversión a manos públicas, de las concesionarias Acesa y Aumar. Sus carreteras son la AP51 Villacastín-Ávila; la AP-6 entre Villalba y Adanero; la AP61 que enlaza San Rafael con Segovia; tiene la AP-68 Bilbao-Zaragoza; su quinto activo es la AP-71 León-Astorga, y gestiona la C-32 que va de Castelldefels a El Vendrell. La dirección que lidera José Aljaro sostiene su posición a favor de que se implantes peajes blandos en las vías de alta capacidad de todo el país.
El ejercicio 2023 es calificado por Abertis como uno de los mejores de su historia reciente. Además de las mejoras de tráfico, salvo en Chile, y el incremento tarifario generalizado en los mercados en que opera, la empresa ha cerrado tres operaciones corporativas de distinto calado: se adjudicó en octubre, en Puerto Rico y por 2.700 millones, la PR-52, PR-66, PR-20 y la PR-53, con un total de 192 kilómetros, por 40 años; se ha quedado con un paquete mayoritario (57%) de la SH-288 en Houston (Texas, EE UU) por 1.532 millones, y se ha hecho en España con la autovía del Camino.
En estos momentos participa en el proceso abierto en Australia por el que será vendido más del 50% en la concesión East Link (39 kilómetros), en Melbourne (Victoria), y está atenta a oportunidades en Europa, Chile, Norteamérica o en la India.
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