Trabajo multa a las ‘big four’ por carecer de registro horario y por exceso de jornada
La Inspección ultima sanciones de al menos 1,4 millones por distintos conceptos y penaliza las cuotas no abonadas a la Seguridad Social
Casi un año después de que se produjera la macroinspección contra las cuatro grandes consultoras, Deloitte, PwC, KPMG e EY, también conocidas como big four, para comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales y las horas extraordinarias, Trabajo ha concluido su investigación y ha comenzado a notificar a cada una de las firmas las sanciones que prevé establecer.
Ahora, el proceso culmina con la aplicación de diversas multas por diferentes conceptos. De hecho, las cuatro han cometido infracciones que suman al menos 1,4 millones de euros en total, que deberán reintegrar en concepto de cuotas a la Seguridad Social no abonadas o, entre otros supuestos, por no disponer de registro horario, a lo que obliga la ley a todas las empresas desde 2019.
Fuentes de la Inspección de Trabajo explican a CincoDías que los expedientes no están concluidos, por lo que es ahora cuando se ha iniciado el proceso de notificación a las empresas y, de ahí, que las cantidades totales de las sanciones que les aplicarán aún puedan variar. El proceso fue abierto de oficio por la autoridad laboral al no mediar denuncia alguna, pero ya desde la primavera de 2022 la Inspección de Trabajo estuvo recopilando documentación sobre cómo controlaban estas empresas el cumplimiento de la jornada laboral de sus plantillas y si las horas extras realizadas eran remuneradas o compensadas con tiempo de descanso.
Esa primera fase concluyó el pasado noviembre con una visita a las sedes centrales de las cuatro compañías en Madrid, en la que los inspectores que acudieron a las oficinas solicitaron los datos de sus registros horarios para comprobar si se estaban realizando horas no declaradas. Fuentes cercanas a la investigación admiten que recopilar los datos no fue sencillo.
Primero, se pudo constatar que ninguna de estas firmas disponía de registro horario, circunstancia que, según la legislación actual, se sanciona con una multa máxima de 7.500 euros, independientemente del tamaño de la compañía (según plantilla o facturación).
Además, según ha podido saber este periódico de trabajadores de estas empresas, dos de las cuatro big four investigadas no facilitaron el acceso a sus ordenadores de los especialistas informáticos que participaron en la investigación llevada a cabo por la Inspección de Trabajo, lo que también llevará aparejado sanciones, ya que se ha obstruido la labor inspectora. Así, como primer resultado común de sus pesquisas, estas compañías han implementado sistemas de registro horario.
Cuotas no abonadas
De esta manera, hasta el momento, lo que ha trascendido es que las multas que se aplicarán a cada una de estas firmas dependerán de múltiples conceptos. Todo apunta a que las cuatro deberán hacer frente a la citada sanción que recoge la legislación para la infracción, considerada como “muy grave”, de carecer de registro horario, que es de 7.500 euros como máximo.
El exceso de jornada sin la correspondiente remuneración o la aplicación errónea de pagos por otros conceptos como el reconocimiento de dietas o kilometrajes también han sido objeto de verificación por parte de los inspectores, lo que ha derivado en el caso de algunas de estas compañías en sanciones de distinta cuantía.
Se cierra de este modo un proceso que suscitó una agria polémica entre los representantes de los trabajadores y la principal patronal del sector, la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), ya que en la primavera de 2022 trascendió a la opinión pública la intención inicial de las empresas de tratar de ampliar la jornada laboral, en lo que fue interpretado por los sindicatos como un intento de imponer por convenio jornadas de más de 12 horas y perpetuar la consideración del sábado por las tarde como día laborable.
Después de intensos meses de negociaciones y un inaudito calendario de movilizaciones y paros en este sector, sindicatos y patronal sellaron la actualización de un convenio colectivo que llevaba más de tres años sin renovarse. El acuerdo permitirá que titulados superiores en algunas de las materias claves para la digitalización de la economía que ahora tenían salarios de entrada de 14.100 euros brutos anuales en muchas de las compañías de este sector, puedan verlos incrementados hasta los 15.300 euros y con tres años de experiencia nadie pueda ser contratado por menos de 17.100 euros. Asimismo, la propuesta de considerar el sábado como laborable fue retirada de la mesa de negociación.
Fuentes de las big four siempre han rechazado que en sus plantillas sean estos los sueldos de entrada y recuerdan que su trabajo se caracteriza por estar sujeto a picos de calendario que les obliga a realizar de manera puntual más horas de las habituales, aunque estas se remuneran también siempre según la legislación vigente.
Multas y daño reputacional, a debate
Revisión de cuantías. La investigación llevada a cabo contra las cuatro grandes consultoras ha puesto de relieve que quizás ha llegado el momento de revisar las cuantías máximas de las sanciones que se aplican a algunas infracciones consideradas muy graves, “o, al menos, modularlas según la tipología de la empresa infractora”, aseguran los expertos consultados. Estas fuentes se refieren a la multa que se impone a las compañías que no disponen de registro horario. “Da igual que sea una firma de tamaño medio que una multinacional, para todas se penaliza con 7.500 euros como máximo y el efecto económico que tiene sobre una y otra no es comparable”, argumentan.
Repercusión. Otros expertos consultados admiten que más que un severo impacto económico, que sobre todo persigue resarcir el posible daño a las arcas públicas, esta clase de actuaciones busca ser ejemplarizante y mandar el mensaje de que todas las infracciones en el ámbito laboral serán perseguidas y castigadas. Las compañías, por su parte, se quejan del daño reputacional que les provoca verse inmersas en uno de estos procesos, que en ocasiones acaban sin sanción muchos meses después de que se conociera que estaban siendo investigadas.
Ejemplos. Uno de los casos más mediáticos lo vienen protagonizando las empresas de reparto como Glovo, sancionada con 57 millones por el empleo de falsos autónomos y por trabajo irregular de extranjeros.
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