Una filial española de Maersk lleva a Guatemala ante el Ciadi por su desalojo de Puerto Quetzal
APM Terminals Barcelona inicia un proceso de conciliación después de que la Justicia anulara el contrato de adjudicación para gestionar la terminal
APM Terminals Barcelona, una de las filiales españolas del gigante naviero Maersk, ha iniciado un proceso de conciliación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –dependiente del Banco Mundial– contra Guatemala por su desalojo de Puerto Quetzal, una de las mayores terminales privadas de contenedores del país centroamericano. El objetivo de este procedimiento es llegar a un acuerdo relacionado con las inversiones y maquinaria que hay en dicho centro, según informaron a CincoDías fuentes cercanas a la empresa española y conocedoras del caso.
No es la primera vez que APM Terminals trata de resolver sus disputas con Guatemala ante un tribunal de arbitraje. En 2018 anunció su intención de iniciar un arbitraje contra dicho Estado por la nulidad del contrato que le permitía operar en Puerto Quetzal. Ahora, el proceso de conciliación está relacionado con la obligación impuesta a APM Terminals de Barcelona de “devolver” el área portuaria, indicaron las fuentes consultadas.
El conflicto tiene su origen en 2016, cuando la Procuraduría General de la Nación (similar a la Fiscalía General del Estado en España) denunció irregularidades en acuerdo por el que, en 2012, la estatal Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) concedió a Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) la construcción y gestión de las 34 hectáreas de terminal, durante 25 años. En diciembre de 2017, la Justicia de Guatemala anuló dicho contrato, al constatar una trama de sobornos a autoridades del país, entre 2012 y 2015, detrás de la adjudicación.
Venta de la terminal
En concreto, TCQ pertenecía a Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), subsidiaria de Grup Marítim, cuyos dueños eran los hermanos Pérez Maura. En marzo de 2016, la empresa catalana fue vendida a la holandesa APM Terminals por 900 millones de euros, heredando así todo el negocio en Guatemala y parte de los líos judiciales.
Según informaron varios medios de comunicación latinoamericanos, tras conocerse la nulidad del contrato, Guatemala reclamó a la filial española de Maersk 43,2 millones de dólares (unos 40,5 millones de euros, al cambio actual) como responsabilidad civil. APM Terminals impugnó la decisión judicial, pero accedió a abonar dicha cantidad a cambio de suscribir un nuevo acuerdo de concesión, alegando que todas las sospechas de corrupción tienen su origen en la actuación de sus antecesores. Este nuevo contrato debía ser aprobado por el Congreso de Guatemala.
Debido a los distintos procesos legales relacionados con el contrato de usufructo de la terminal, la actividad de APM Terminals en Guatemala puede quedar pronto suspendida. Ante ello, la Empresa Portuaria Quetzal se ha puesto ya en contacto con varias empresas extranjeras para conocer su interés en gestionar todas las cargas que entran por dicha terminal.
Relación con Villarejo
Precisamente estos hechos están relacionados con el caso Villarejo que se instruye en la Audiencia Nacional, aunque el proceso de conciliación no afecta en nada a la tramitación de esta causa, según precisaron las fuentes consultadas.
Los Pérez Maura están investigados en esta macrocausa por presuntamente haber pagado 7,5 millones de euros al comisario jubilado José Manuel Villarejo para evitar que Ángel Pérez Maura fuera extraditado a Guatemala, donde fue imputado por su participación en los presuntos sobornos a funcionarios públicos y miembros del Gobierno de Guatemala, entre ellos el expresidente del país Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti.
De hecho, APM Terminals está personada en esta causa, como perjudicada de las actividades de los navieros españoles en Guatemala, a los que acusa de estafa en la venta de TCB, por ocultar que la empresa estaba siendo investigada al otro lado del charco por su vinculación a un caso de corrupción.
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