La Audiencia Nacional mantiene en libertad al comisario Villarejo tras la primera sentencia
El tribunal ha celebrado una vista para valorar si debía enviar a prisión a José Manuel Villarejo tras conocer la condena a 19 años de cárcel
La Audiencia Nacional ha dejado en libertad provisional al comisario jubilado José Manuel Villarejo tras conocer su primera condena por los espionajes realizados para particulares y conocidas empresas. El tribunal ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó su ingreso en prisión al considerar que existe riesgo de fuga por la elevada pena de 19 años años de cárcel que se le impuso la semana pasada por las tres primeras líneas de investigación juzgadas.
Así, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal mantiene las medidas cautelares que pesan sobre Villarejo desde que fue excarcelado hace más de dos años. El comisario fue detenido en noviembre de 2017 y estuvo en prisión provisional casi tres años y medio, hasta marzo de 2021, cuando el juez instructor Manuel García Castellón, que instruye el caso Villarejo, acordó dejarle en libertad provisional porque todo hacía apuntar que cumpliría los cuatro años que la ley permite estar en la cárcel sin ser juzgado.
Así, el magistrado le impuso medidas cautelares para garantizar su disposición ante la justicia, como comparecencias diarias ante el juzgado de Boadilla del Monte (Madrid), donde tiene su residencia; retirada del pasaporte; y prohibición de salir de España y la comunicación de cualquier cambio de domicilio, que ahora siguen teniendo vigencia.
A disposición de la Justicia
La decisión de mantener en libertad provisional al expolicía llega después de que este lunes la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya celebrado este lunes una vista para decidir las medidas cautelares a imponer al agente encubierto y al abogado Rafael Redondo, su socio en el grupo Cenyt, el entramado empresarial que utilizó Villarejo para realizar negocios privados de espionaje y consultoría, mientras seguía en activo en la Policía Nacional, a numerosos particulares y empresas, algunas de ellas del Ibex 35.
En un auto, con fecha de este lunes, los magistrados de la Sala de lo Penal consideran que para acordar el ingreso en prisión no solo se requiere la existencia de un riesgo de fuga, sino que éste debe ir acompañado de circunstancias adversas que justifiquen esta posibilidad. En este sentido, la resolución indica que Villarejo ha cumplido con todos los llamamientos judiciales que se le han hecho y ha comparecido a todas las sesiones del juicio, que se prolongó un año, salvo aquellas en las que se autorizó su ausencia. Asimismo, apunta que el comisario jubilado también acudió la semana pasada en la Audiencia Nacional para que se le notificara personalmente la sentencia, pese a que conocía que el fallo era condenatorio.
A su llegada a la Audiencia Nacional a primera hora de este lunes para asistir a la vista de medidas cautelares, Villarejo expresaba ante los medios de comunicación que no existen motivos que justifiquen una eventual fuga de la Justicia y que muestra de ello es “que ha tenido el fin de semana para huir”. Asimismo, aseguró que no espera que en la cárcel le “traten especialmente bien” y que se defenderá de todas las acusaciones “hasta el final”.
Absuelto por cohecho
La Audiencia Nacional condenó a Villarejo a 19 años de prisión y a 13 años a Redondo -quien también ha quedado en libertad con medidas cautelares- por los delitos de revelación de secretos y falsedad documental, pero les absolvió de cohecho, uno de los principales ilícitos que ha sustentado la macrocausa que está conformada por más de una treintena de piezas separadas, derivado los pagos, algunos millonarios, que el expolicía recibió por sus servicios.
Esta sentencia aún no es firme, pues contra ella cabe recurso ante la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, y después ante el Tribunal Supremo. De hecho, según indicaron fuentes jurídicas, Anticorrupción impugnará este fallo para lograr que se incluya el cohecho, lo que implicaría el incremento de la pena. La Fiscalía pidió en el juicio 83 años de cárcel al considerar que se acreditó también este delito.
No obstante, el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal, dividido con un voto particular de una de las magistradas, consideró que no existía el cohecho porque, aunque Villarejo seguía en activo en la Policía Nacional, los espionajes privados no se realizaron “en el ejercicio de su cargo” y por tanto los abonos correspondientes no se recibieron en su función de policía.
En base a ello, ahora los magistrados han acordado la libertad provisional de Villarejo porque la condena de 19 años no es en virtud de un delito de “extrema gravedad merecedor de tan severa sanción punitiva”, sino que es por una adición de penas impuestas por cuatro delitos de encubrimiento y revelación de secretos de empresa y particulares y dos de falsedad en documento mercantil.
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