El Gobierno declara al taxi “servicio de interés público” y le blinda frente a Uber y Cabify

Introduce, vía decreto, criterios medioambientales para dar licencias de VTC. Este sector pedirá a Bruselas que abra un procedimiento contra el Ejecutivo español

Vehículo de Cabify.EFE

Nuevo revés al sector de las VTC en España. El Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros un nuevo decreto ley para regular la actividad de las VTC y cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el pasado 8 de junio tumbó la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis, al considerar que dicho ratio vulneraba las normas europeas.

El texto aprobado introduce criterios medioambientales y de gestión del tráfico para poder restringir el otorgamiento de licencias VTC (utilizadas por plataformas como Uber, Cabify o Bolt), y blinda al taxi, al declararlo en su artículo 151 “servicio de interés público”, lo que, en opinión del sector de las VTC supone una “burla” al TJUE, porque “permitirá fijar requisitos diferentes” a ambos colectivos.

“Esta definición [del taxi] contradice expresamente la reciente sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general (protección del medio ambiente, gestión de tráfico y del espacio público) y que éste no es en ningún caso la viabilidad económica del sector del taxi. Además, añade que todas las regulaciones aprobadas deben ser proporcionales y no discriminar entre taxis y VTC”, criticaron las patronales de las VTC, Feneval y Unauto, que ya han avanzado que estudiarán el contenido del Decreto y lo pondrán en conocimiento de la Comisión Europea, “ya que entendemos que esta regulación contraviene la sentencia del TJUE, y solicitaremos que la Comisión abra un procedimiento contra el Gobierno de España”.

Fuentes del Ministerio de Transportes aclararon hoy que la nueva regulación solo afecta a las licencias de VTC estatales (para transporte interurbano) y que corresponde a las comunidades autónomas y ayuntamientos regular las licencias para realizar transporte urbano.

La norma establece que la autorización de la VTC será denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma del domicilio de la autorización. Todo ello sin perjuicio de que las comunidades autónomas puedan establecer, para las autorizaciones en su territorio, otros criterios de mejora de la calidad del aire en el marco de lo previsto en el Derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud.

El decreto ley fija igualmente que las comunidades autónomas podrán también denegar la autorización de las VTC por criterios relativos a la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, y los ayuntamientos podrán aplicar otro filtro, ya que tendrán la opción de solicitar una licencia adicional a la autonómica para realizar transporte urbano en su ámbito territorial, “que deberá estar justificada por razones de interés público”. En relación con la gestión del tráfico y las VTC, la nueva norma señala que deberá utilizarse un criterio objetivo de congestión viaria que podrá estar basado en un indicador que refleje la diferencia entre la velocidad media en condiciones de flujo libre y la velocidad registrada en distintos momentos del día u otros criterios que se puedan establecer por la comunidad autónoma.

‘Truco’ para evitar una oleada de demandas

El taxi, que hoy ha desconvocado la manifestación programada para este jueves si el Gobierno no sacaba adelante una ley que impidiera un aluvión de licencias tras la sentencia del TJUE, sale victorioso. Y es que el texto aprobado incluye unas disposiciones transitorias que, entre otras cuestiones, señalan que en todos los procedimientos sobre autorizaciones VTC pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor del nuevo Real Decreto-ley se aplicarán los criterios medioambientales y de gestión del transporte, del tráfico y del espacio público previstos con la modificación de la Ley de Transportes (LOTT).

Además, añade que si, por aplicación de esos criterios no se otorgara la licencia, se suspenderá el procedimiento durante tres años desde la notificación inicial del incumplimiento. Dicho procedimiento podrá reanudarse en cualquier momento, previa solicitud del interesado que acredite el cumplimiento de dichos criterios. Estos cambios introducidos afectan directamente a las licencias pedidas pero no otorgadas, pendientes de sentencia del Tribunal Supremo en España. Las fuentes de Transportes indicaron que actualmente hay varios miles de licencias judicializadas, y reconocieron que la nueva regulación “retrasará los procesos judiciales”, porque se da por hecho que las empresas de VTC no podrán recurrir a los tribunales si no hay un rechazo sino una suspensión.

Fuentes del sector de las VTC subrayan este crítico punto del decreto-ley, pues supondrá, por ejemplo, “que alguien que había pedido una licencia incluso antes del Decreto Ábalos ya no va a poder tener ni siquiera cuatro años para hacer transporte urbano, sino que le podrán suspender durante tres años la autorización por razones de calidad del aire”.

La nueva norma incluye otra medida relativa a la obligatoriedad de disponer de un vehículo para obtener la licencia VTC, que también promete levantar ampollas. Se exige que las VTC dispongan en todo momento de un vehículo matriculado en España adscrito a la autorización en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo de conformidad con lo dispuesto en la normativa de tráfico y circulación de vehículos a motor. Según el texto, en los supuestos de sustitución provisional del vehículo por avería se podrá usar un vehículo en arrendamiento ordinario.

Aunque Transportes asegura que la medida busca evitar “malas prácticas” y que no haya empresas que tengan 1.000 licencias y solo 800 coches, la polémica está servida, pues en el sector de las VTC hay también licencias que están dormidas, es decir, autorizadas pero sin coche, y que con este texto en mano pueden perderse, dada la dificultad para adquirir los coches necesarios.

Aunque Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, ha señalado hoy tras el Consejo de Ministros que la nueva norma busca “adecuar” la regulación en materia de VTC a la sentencia del TJUE, fuentes próximas al sector de las VTC critican la “discriminación” que suponen estas exigencias respecto a otros medios de transporte como los taxis. Las mismas fuentes señalan que no había ninguna “urgencia” para sacar este real decreto-ley, y aseguran que el Ejecutivo infringe una ley del PP de 2018 que le obligaba a convocar una conferencia con las comunidades autónomas antes de adoptar ninguna medida legal sobre las VTC y la citada sentencia.

Regulación exprés

Feneval y Unauto-VTC aseguraron en un comunicado que “nuevamente nos encontramos con una regulación exprés en forma de Real Decreto Ley, negociado con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, sin que se nos haya consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros”. Ambas asociaciones recuerdan, además, que todo ello ha tenido lugar en plena campaña electoral, “con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas”.

Las patronales de VTC ya enviaron hace unos días una carta a la comisaria europea de Transporte, Alina Valean, denunciando la intención del Gobierno español de “burlar” en un nuevo decreto ley la sentencia del TJUE y “favorecer nuevamente al taxi”. En la misiva reclamaban que cualquier regulación que imponga restricciones a las VTC debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación y coherencia.

Ambas asociaciones insistieron que, a su juicio, no cabía duda de que el principio de no discriminación implica que restricciones, por ejemplo, basadas en razones de interés general que pudieran llegar a demostrarse, como la protección del medioambiente o la gestión del tráfico, no podrían aplicarse de manera asimétrica a las VTC y los taxis. “Deben aplicarse coherentemente a ambas modalidades de transporte local de pasajeros bajo demanda: tanto a taxis como a VTC”, reclamaron.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días