La banca recela de la promesa de Feijóo y teme que el impuesto temporal se alargue más allá de 2024
El sector cree que la vuelta de la disciplina fiscal en Europa presionará al Gobierno, que tendrá que buscar la fórmula para no perder ingresos
La banca cree que pintan bastos con el impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez más allá de de 2024. Gane quien gane las elecciones generales del 23 de julio. El sector recela de la promesa de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y teme que no sea tan temporal como se dibujó al inicio. “Para estos dos años ya está perdido, a no ser que los tribunales digan lo contrario. Y luego, con el retorno de las reglas fiscales de Bruselas y el agujero presupuestario que puede haber, me temo lo peor”, explican con cierto pesimismo fuentes de uno de los bancos cotizados españoles.
En la misma línea se pronuncia media docena de grupos financieros consultados, españoles y extranjeros, que vislumbran un horizonte cargado de nubarrones en el que el Gobierno tendrá que buscar recaudación debajo de las piedras. “En ese contexto, ¿cómo va a querer dejar de ingresar 1.500 millones anuales?”, se preguntan altos cargos de organismos públicos. Incluso entidades que en este momento no están obligadas a pagar ya se preparan para ese hipotético momento: “Me temo que tras 2024 se mantendrá de alguna forma y entonces entraremos más empresas”, argumenta un alto dirigente de uno de los bancos que está exento por el momento.
Desde otra institución pública española, también bajo la condición de anonimato, dan pistas de por donde pueden ir los derroteros: “Lo normal es que renegocien con el sector, les rebaje algo la factura individual, pero se mantenga de otra forma”. Es decir, una de cal y otra de arena. Por un lado, reducen el golpe incluyendo a más pagadores, pero se mantiene por más tiempo. Una alternativa que sobrevuela casi todos los encuentros oficiosos del sector en las últimas semanas —incluso meses— sobre un tema que se ha convertido en tabú en las declaraciones públicas.
Según el texto aprobado, la tasa es temporal, por dos años (se liquida en 2023 y 2024 en función del resultado de los ejercicios 2022 y 2023). Los grupos financieros lo han recurrido en los tribunales y son optimistas sobre su desenlace. Eso sí, son conscientes de las necesidades presupuestarias que tendrá el Ejecutivo para 2024 y años posteriores. Las cuentas son claras y el resultado puede ser un tributo temporal que se alargue más allá de la fecha prevista.
Balones fuera
Las formaciones políticas, por el momento, no se mojan por el coste electoral que puede tener y echan balones fuera. Incluso PSOE y PP coinciden en esta cuestión, algo muy inusual en los tiempos que corren. “Estamos viendo cómo evoluciona la recaudación y habrá una revisión del mismo para tomar decisiones de cara al futuro”, dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, hace unas semanas en Santander. En la misma sala, solo unas horas después, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, incidió en la misma idea: “Habrá que analizar el año que viene cómo está la inflación y la situación económica”. No obstante, el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó el tributo a la banca en unas jornadas del Círculo de Economía de Barcelona, indicando que, aprobar “un impuesto a la facturación judicializado y que, previsiblemente, tendrá que devolverse, no tiene ningún sentido”. Feijoo llegó a sugerir su supresión aunque condicionada a las finanzas estatales.
Es decir, no se disipan las dudas del futuro. Y los bancos han perdido ya la esperanza de librarse del pago del segundo ejercicio, ni siquiera con una eventual llegada de Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. Solo los jueces podrán hacer que se devuelvan los aproximadamente 3.000 millones que pagará el sector. De hecho, el miedo está en qué pasará después, siga el Gobierno de coalición actual o uno nuevo con el PP al frente. Todas las cartas están sobre la mesa y nadie se atreve a descartar que se pueda prolongar o convertir en permanente a través de otra figura.
Si se busca esta segunda opción, de que el impuesto siga más allá de 2024, todas las fuentes consultadas inciden en que se tendría que reformular. El texto actual está fundamentado para un momento puntual, con beneficios extraordinarios del sector por las alzas abruptas de los tipos de interés. Y esa recaudación se justificaba para sufragar las medidas sociales contra la inflación. “Por su definición, responde a un tema excepcional y no tiene sentido que se alargue más tiempo”, añaden fuentes financieras.
Así, tocará ser creativos, añade otra fuente financiera. “Es un caramelo para el Gobierno que salga tener una entrada de 1.500 millones de euros anuales. Mi sensación es que se buscará mantener esa recaudación aunque con otra fórmula y con más empresas que aporten”, sostienen desde otro de los bancos nacionales. En otra de las entidades cotizadas comparten esa idea: “Veremos cómo se articula, porque es muy probable que necesiten mantener sus ingresos”.
Otros directivos bancarios, en cambio, son algo más optimistas. Apuestan por un cambio de Gobierno y que con la llegada del PP el impuesto no se alargue. “Aunque los dos primeros años no lo quita nadie, eso asumimos que lo vamos a tener que pagar”, añade.
Decisión judicial
Donde sí existe un optimismo generalizado es sobre el devenir de los recursos presentados contra el impuesto. Una amplia mayoría cree que saldrán ganadores, aunque siempre con algunas reservas por lo que puedan decidir los jueces. Además, incluso en el caso de que ganen, se temen que el Gobierno trate de ser creativo también en la devolución.
“No es descartable que lo quieran devolver como créditos fiscales”, considera una de estas fuentes. Desde el sector financiero no ven descabellada esta opción, ya que de lo contrario el Estado tendrían que sacar de la caja unos 3.000 millones de euros. Pese a ello, opinan que técnicamente no se sostiene. La razón es que los bancos lo han pagado con cash, en dinero líquido, y si se le devuelve con activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), en la práctica, se le estaría abonando con un derecho de cobro futuro que guarda muchos requisitos para poder utilizarlo.
Para dilucidar esta cuestión será clave el dictamen del tribunal. “Si hay una victoria clara de los bancos, no cabe otra cosa que la devolución. Las dudas llegarán si hay una sentencia en la que se estime solo una parte. Entonces se pueden buscar otras alternativas, por ejemplo que el pago sea deducible”, argumenta una fuente de la Administración.
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