El cártel de mensajería llega al Supremo: admite los primeros recursos contra las multas de la CNMC
Tourline Express y DHL han impugnado ya las sentencias de la Audiencia Nacional que avaló las sanciones de 68 millones de euros
El Tribunal Supremo revisará las sanciones al cártel de la mensajería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha recibido ya los primeros recursos contra las sanciones que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso a 10 empresas acusadas de formar varios cárteles de reparto de clientes y de hacer pactos verbales de “no agresión”. Hasta el momento, según ha podido comprobar CincoDías, DHL y Tourline Express han acudido al Alto Tribunal como última oportunidad para lograr esquivar la multas que en total suman 68 millones de euros.
Según consta en dos autos, del pasado 25 de mayo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha aceptado analizar esta cuestión para la “formación de jurisprudencia” y aclarar si los pactos recíprocos de respeto de clientes que sellaron las compañías de paquetería y mensajería están cubiertos por el Reglamento de exención de Acuerdos Verbales, tal y como alegaron las empresas.
Lo hará tras admitir a trámite los dos recursos planteados por las dos compañías mencionadas contra las sentencias de la Audiencia Nacional, que avaló las investigaciones realizadas por el organismo regulador, así como las sanciones impuestas.
En concreto, entre el 5 de diciembre de 2022 y el 19 de abril, la Audiencia Nacional dictó 10 resoluciones en las que ratificó el 100% de las multas impuestas en 2018 a Correos Express (19,6 millones), DHL Express (5 millones), ICS (773.314 euros), MBE (690.400 euros), Redyser (2,1 millones), TNT (16,2 millones), Tourline Express (3,14 millones), UPS (19,2 millones) y Fedex (1,8 millones). Asimismo, la Audiencia Nacional confirmó la multa a GLS (3,8 millones), que no tuvo que abonar por ser el denunciante de los hechos y acogerse al programa de Clemencia de la CNMC.
Cuatro inspecciones
Según explicó la CNMC, en total se detectaron nueve cárteles. Correos, MBE e ICS fueron las que mayor participación tuvieron, “privando así a todos sus clientes de recibir ofertas de varios operadores de mensajería y paquetería en España”, añadió el regulador.
Tras realizar cuatro inspecciones en las sedes de Correos, MBE, Redyser e ICS, en los que se hallaron “miles de correos electrónicos y WhatsApp” que acreditaron la conductas sancionadas, el organismo regulador entendió que las 10 empresas cometieron una infracción muy grave por repartirse clientes. El organismo que dirige Cani Fernández explicó que, en paralelo, algunas de las compañías concluyeron pactos verbales que limitaban al vendedor de servicios mayoristas realizar ofertas comerciales a los clientes minoristas.
Según la Audiencia Nacional, estos pactos de “no agresión” no ayudaron a las empresas a mejorar la producción o comercialización de bienes y servicios ofertados. Por ello, consideró que estos acuerdos constituyeron en verdad una práctica restrictiva de la competencia al “excluir determinados clientes del juego de la libre competencia”.
El tribunal afirmó que los acuerdos de reparto tampoco cumplen los requisitos para quedar fuera de las restricciones sobre pactos verticales (aquellos que se producen entre empresas que operan en distintos niveles de la cadena de producción o distribución) y prácticas concertadas, sino que más bien encajan en los “acuerdos horizontales de reparto de mercado”.
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