Santander, CaixaBank y Sabadell abren una guerra con los fondos por el rescate de Naviera Armas
La banca amenaza con impugnar la reestructuración si le aplican quitas del 100%
La banca española se rebela por el rescate de Naviera Armas. Santander, CaixaBank y Sabadell han iniciado una batalla contra los bonistas de la compañía canaria de transporte marítimo. Amenazan con bloquear judicialmente el plan de reestructuración si este no les da el mismo tratamiento que a los bonistas y se les aplica una quita total a su pasivo, según indican fuentes financieras.
Un grupo de inversores –capitaneados por JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor– rubricó la semana pasada un acuerdo para tomar el control de Naviera Armas. En virtud a este acuerdo, asesorado por Houlihan Lokey y PJT Partners, reducen el valor de sus 445 millones en bonos a algo menos de la mitad, 178 millones. A cambio, toman el 96% del capital y se comprometen a inyectar 80 millones más a la compañía. La junta de accionistas deberá ratificar el acuerdo el próximo 22 de mayo.
Este pacto tiene dos damnificados. Por un lado, los accionistas de la compañía, la familia Armas, que cede todo el capital y solo consigue retener un 6%. Por el otro, la banca española, que ve cómo se pierde hasta el último céntimo de los 64,5 millones que le prestaron a la empresa canaria en 2020 para paliar el efecto de la pandemia, con aval del ICO.
Santander, CaixaBank y Sabadell son los tres bancos que otorgaron este crédito en cuestión, Y no están dispuestos a tolerar esta diferencia de trato, si bien es posible con la nueva Ley Concursal en la mano. Esta establece que, en el marco de la negociación de un plan de reestructuración, se organice el pasivo en clases y estas reciban un trato diferenciado a la hora de cobrar.
También, que en el caso de alcanzar un acuerdo mayoritario por los acreedores, estos pueden arrastrar al resto de tenedores de la deuda y a los accionistas. Y es exactamente lo que ha ocurrido.
Los fondos argumentan que la actuación, desde el punto de vista legal, es incuestionable. Por un lado, apuntan a que el crédito del ICO tiene entre sus condiciones un grado de prelación en caso de pérdidas inferior al de los bonos. Por el otro, afirman que si los bancos ejecutan el aval público, será el ICO el que asuma el 70% del crédito, por lo que finalmente los bancos recibirán incluso más dinero que los bonistas.
La banca no lo ve así. Exige igualdad de trato con los bonistas y que se les aplique la misma quita a todos los acreedores. Peor les parece que los accionistas hayan rascado más, un 6% del capital, cuando sobre el papel los accionistas son los últimos en cobrar en caso de quiebra de una empresa.
El primer paso para los bancos era buscar una solución negociada con los fondos, aunque fuentes financieras indican que estas conversaciones llevan meses produciéndose sin haber alcanzado la fumata blanca.
El plan B es bloquear el acuerdo en los juzgados. Las entidades están estudiando si pedir al juez la impugnación del acuerdo para exigir un trato más favorable, lo que puede dilatar durante meses la solución final para la empresa.
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