Caso Acuamed: el juez procesa a 42 personas por los amaños de contratos de obras hidráulicas
El magistrado afirma que los hechos encajan en seis delitos, entre ellos corrupción en los negocios, falsedad documental y malversación de caudales públicos
El caso Acuamed llega a su fin tras ocho años de investigación. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado un auto de procesamiento contra 42 personas, entre los que se encuentra el exdirector general de la empresa pública Agua de la Cuencas Mediterráneas (Acuamed) Arcadio Mateo, por los presuntos amaños de los contratos de una veintena de obras hidráulicas y medioambientales, así como el soborno a ex altos cargos de la entidad. El magistrado afirma que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La causa, que se inició en 2015, y que ha pasado incluso por las manos de la Fiscalía Europea, concluye después de que se abriera un debate sobre la acusación de la Fiscalía Anticorrupción por el delito de malversación, después de que el Gobierno modificara dicho ilícito. En respuesta a la pregunta del Juzgado Central de Instrucción número 6, el ministerio público concluyó que su criterio no se ha visto alterado por la reforma del Código Penal y que, por tanto, no contemplaba posibles rebajas en sus futuras peticiones de pena.
Así, Anticorrupción mantuvo su petición de concluir la investigación y pasar a la fase de procedimiento, lo que acaba de tener lugar. En un auto, con fecha de este martes, el titular del mencionado juzgado, Manuel García Castellón, da por acreditadas, indiciariamente, las irregularidades en los contratos analizados con el objeto de favorecer a determinados contratistas, a cambio de dádivas. La resolución destaca los pagos que habría recibido de las empresas adjudicatarias, por ejemplo, el principal investigado, Arcadio Mateo, como viajes, estancias y fuera de España o implantes de pelo en Turquía por el valor de 4.500 euros.
A lo largo de 241 páginas, el juez examina todas las obras investigadas de Acuamed, así como los informes policiales y periciales que constan en el sumario de la causa. Entre ellas, se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de cerro colorado al valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda (Almería); el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
Actuación al margen de los criterios técnicos
Según el juez, las comunicaciones intervenidas a los investigados evidencian que desde la empresa pública de la cuenca del Mediterráneo “se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales”. “Se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que Acuamed debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra”, reza el auto.
Sobre la implicación de Arcadio Mateo, uno de los principales investigados, el juez resalta que, desde su posición de director general de la sociedad estatal, interfirió en las decisiones empresariales sobre la elección de los proveedores en los contratos de obras hidráulicas, que, en verdad, correspondía hacer a los adjudicatarios.
“Siendo Acuamed un órgano de gestión directa de las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas, las decisiones se debían adoptar en función de los intereses públicos afectados por las obras objeto de los contratos, regirse por los principios de imparcialidad y objetividad que preside la actividad pública, y no en función de los intereses patrimoniales de los cargos públicos o de los particulares”, precisa el magistrado.
Asimismo, la resolución subraya que las presuntas represalias que recibieron el entonces director de Ingeniería y Construcción de la sociedad estatal Francisco Valiente (hasta abril de 2014), y más tarde Gracia Ballesteros, gerente territorial, por presentarse ante el Ministerio y ante la propia empresa, escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus funciones en unas concretas actuaciones. “Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos”, asegura.
En el caso de Gracia Ballesteros, (que denunció en 2013) el magistrado recuerda que fue presionada para que admitiera que una de las obras analizadas esta “total y satisfactoriamente terminada” para que se procediera a pagar al contratista, y que ante su negativa fue removida de su puesto.
Préstamo de 500 millones
Por otro lado, el auto se detiene en el préstamo que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pidió al Banco Europeo de Inversiones (BEI), por un importe de hasta 500 millones de euros, a instancias de Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.
El contrato de crédito de financiación se firmó el 14 de junio de 2012, pero antes de la firma del préstamo, Arcadio Mateo decidió, de manera “unilateral”, invertir el capital público recibido del préstamo y colocarlo en diversas entidades bancarias. Asimismo, contrató a un asesor externo para que colaborara con él en estas actividades.
“De este modo, Arcadio Mateo del Puerto, excediéndose en las funciones que tenía atribuidas, y con el apoyo de Francisco López Berrocal (asesor también procesado), habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja laboral, actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)”, concluye.
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