La estatal no tenía código de conducta ni sistema de control de costes

La dirección de Acuamed actuaba con mínimos filtros contra el fraude

Federico Ramos dimitió el viernes como subsecretario del Ministerio de Presidencia por el caso de Acuamed.  Pablo Monge
Federico Ramos dimitió el viernes como subsecretario del Ministerio de Presidencia por el caso de Acuamed. / Pablo Monge

Gestionaba grandes inversiones, pero Acuamed tenía escasos cortafuegos contra prácticas fraudulentas. En los ejercicios que atañen a actuaciones que investigan el juez de la Audiencia nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, por indicios de delitos relacionados con contratos públicos, la empresa pública 100% del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente reconoció carencias importantes en materia de prevención de acciones corruptas, como la falta de un código de conducta.

Así lo pone de manifiesto la compañía en su memoria de 2013, explicando en el epígrafe Prevención de conductas inaceptables que “actualmente [por el cierre de ese año] Acuamed no cuenta con un código de conducta que trate de manera integrada los riesgos de corrupción, blanqueo de capitales o confidencialidad”. A renglón seguido justificaba que “las Instrucciones Internas de Contratación incluyen mecanismos suficientes para la prevención de este tipo de riesgos”. A la vista de los acontecimientos, cualquier prevención habría resultado escasa.

A raíz del escándalo por supuesto trato de favor de Acuamed a una decena de contratistas, entre ellos Acciona y FCC, se produjo el viernes la primera dimisión de un alto cargo. Abandonaba la subsecretaría de Presidencia Federico Ramos, quien ocupó la secretaría de Estado de Medio Ambiente hasta octubre de 2015 y presidió Acuamed. Distintos testigos, entre ellos ex empleados de Acuamed, han involucrado a Ramos en una reunión entre la pública y FCC en la que se habría pactado una compensación indebida de 40 millones al contratista. El que fue número dos de Medio Ambiente dice haber actuado conforme a la legalidad y dimitir para defender su honorabilidad.

Eco en Bruselas

La CE ha pedido explicaciones al Gobierno español, concretamente a Hacienda, por la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra Acuamed. Los servicios de la Comisión informarán a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude para que considere una investigación.

Más control

La IGAE recomendó a Acuamed en 2014, que instaurara una sistema de gestión de costes, que debía ponerse en marcha en la recta final de ese ejercicio. Y posteriormente, en 2015, la compañía que dirigía Arcadio Mateo, actualmente en prisión, se comprometía a articular un sistema de gestión de calidad y medio ambiente a modo de lupa sobre la contratación, gestión de la explotación y gestión del mantenimiento de las desaladoras. El juez aprecia sombra de delito en los contratos de la desaladora de bajo Almanzora, en Almería (FCC y Abengoa), y la de Marina de Torrevieja en Alicante (ejecutada por Acciona).

Los trabajos de inspección interna iban a iniciarse en la desaladora de Valdelentisco (Murcia) y las oficinas de Madrid y Murcia, con la realización de auditorías internas y externas en el primer semestre de 2015.

Un último hecho que indica laxitud en materia de buenas prácticas de gobierno corporativo fue la falta de reflejos para relevar a la consejera Elisa Carbonell en la comisión de auditoría del consejo de administración cuando esta dejó el cargo en octubre y fue relevada por Beatriz Pérez Raposo, asesora de asuntos europeos en Economía.

Tras la salida de Carbonell, y según la información pública disponible, la citada comisión quedó reducida a dos consejeros, Ángel Álvarez Capón, jefe de división en el ministerio de Hacienda, y Carlos Muñoz Bellido, subdirector general de programación económica de la Dirección General del Agua (Ministerio de Medio Ambiente), y la secretaria del consejo de Acuamed, la abogado del Estado Isabel Bonelli.