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Ferrovial se carga con munición de Uría y Latham & Watkins para defenderse en la junta y ante el Gobierno

Tiene informes respondiendo a cada advertencia del Gobierno, la última de la Agencia Tributaria sobre posibles cargas por la deslocalización

Rafael del Pino Ferrovial
El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino.Pablo Monge

El consejo de administración de Ferrovial cree pisar terreno firme en su intención de trasladar la sede social de la compañía a Países Bajos, y la decisión es mantener el polémico punto diez del orden del día, el de la deslocalización, que se someterá a votación mañana jueves en la junta general de accionistas. Cada una de las advertencias del Gobierno contra este movimiento, explican fuentes cercanas a Ferrovial, está siendo contestada de puertas adentro con informes de los asesores contratados para sacar adelante el establecimiento en Ámsterdam. La última llamada de atención partió ayer de la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, y fue severa. Se refirió a la posibilidad de que el cambio de país de Ferrovial conlleve cargas importantes. No se comprometió con cifra alguna, pero el aviso de un posible quebranto puede hacer que se lo piensen los fondos presentes en el capital del grupo de infraestructuras.

Los trabajos de los abogados de Uría Menéndez y Latham & Watkins no han sido mostrados aún a los partícipes. Tampoco el informe económico firmado por Morgan Stanley ni la opinión favorable del bufete holandés De Braw Blackstone Westbroek. En los documentos que explican el proyecto de reestructuración societaria no aparecen sus nombres y tampoco hay referencia a factores de riesgo, pero la producción de los asesores externos está siendo prolífica a medida que se ha ido acercando la fecha de la reunión de accionistas y se ha elevado la presión del Ejecutivo exigiendo que se aparque el plan.

Los informes concluyen que Ferrovial puede ejecutar la fusión por absorción entre la matriz Ferrovial SA y la filial holandesa Ferrovial International SE, para que esta segunda se convierta en cabecera del grupo, al amparo del régimen especial de neutralidad fiscal previsto en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

La norma favorece que determinadas operaciones de reestructuración empresarial puedan beneficiarse de una neutralidad impositiva total o parcial, permitiéndose el diferimiento de la tributación de las ganancias o pérdidas patrimoniales devengadas por la operación. Así, pueden beneficiarse las protagonistas de la reestructuración y sus socios.

“Al ser la absorbente una sociedad domiciliada fuera de España, el Régimen Especial de Neutralidad Fiscal solo resulta aplicable a las rentas derivadas de la transmisión de aquellos elementos que queden afectos a un establecimiento permanente situado en territorio español, siempre que, además, la fusión se lleve a efecto principalmente por motivos económicos válidos y no por motivos fiscales”, explicó Ferrovial en su informe de febrero.

Y añadió que, de forma independiente al impuesto sobre Sociedades y la deseada neutralidad fiscal, la fusión no paga IVA ni impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ni impuesto sobre las Transmisiones Financieras. Ya en Países Bajos, los asesores de Ferrovial no prevén obligaciones tributarias de consideración por la fusión.

Es sobre los supuestos motivos económicos que mueven a la deslocalización, con la necesidad de cotizar en Ámsterdam para hacerlo de forma directa en EE UU, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez está cargando toda la presión. Sencillamente no los ven, y así lo han manifestado la CNMV, BME o el Ministerio de Economía.

Uno o dos años de pesquisas

La Agencia Tributaria investigará de oficio el traslado a Países Bajos y sancionará a la multinacional con “cantidades importantes” siempre que la mudanza obedezca a motivos fiscales. Así lo explicó ayer ante los medios la directora general Soledad Fernández durante la presentación de la campaña de la Renta de 2022. El procedimiento, subrayó, suele ser largo, llegando a uno o dos años.

El plan de Ferrovial, causante de un revuelo casi sin precedentes en el empresariado español, puede entenderse como una “operación FEAC”, detalló Fernández. En este grupo se enmarcan las escisiones, canjes, fusiones inversas o cambios de domicilio fiscal, entre otras. La Agencia Tributaria analiza estos procedimientos “cuando corresponde”, y también lo hará en el caso de la empresa de infraestructuras, que niega una y otra vez motivos fiscales.

La salida de Ferrovial se “comprobará cuando corresponda” para ver si “existe o no existe un motivo económico válido” que justifique esta decisión. Si hay razones válidas “no habrá ningún problema”, dijo Fernández. Pero si por el contrario no hubiese motivos de peso y la decisión fuese exclusivamente fiscal, “a lo mejor sí habría cantidades importantes”, añadió la directora general de la Agencia Tributaria en relación al importe de la regularización a la que tendría que hacer frente el grupo. Esta cantidad sería “elevada”, como suele ser habitual en empresas de gran tamaño. Sin embargo, al menos por ahora, es “imposible” adelantar una cifra, así como el resultado de la investigación.

El toque de atención de la Agencia Tributaria llega después de que el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, enviase el lunes una carta a la multinacional que preside Rafael del Pino en la que deja constancia de las dudas que el Gobierno tiene sobre los motivos reales del traslado de la empresa.

No obstante, la directora de la agencia quiso dejar claro que la futura investigación “jamás” responderá a “ningún tipo de indicación” por parte del Gobierno.

Un mes de incertidumbre

El volumen de adhesión o desafección de los accionistas a la operación de fusión inversa con Ferrovial International SE podría empezar a intuirse con el resultado de la junta, pero no se conocerá hasta un mes después.

La integración de todo el grupo en la filial neerlandesa está sujeta al voto favorable de la mayoría absoluta del quorum, y este suele estar en el entorno del 70% del capital. Por ello, lo primero será ver el nivel de capital presente y representado. A partir de ese momento, más del 40% el capital social, entre Rafael y María Del Pino y el fondo británico TCI, entre otros, van a dar el voto favorable. En cuanto a los minoritarios cuentan con el consejo favorable de asociaciones como Aemec, WFI y Better Finance, al tiempo que asesores de voto como ISS y Glass Lewiss han recomendado el visto bueno a los fondos de inversión. Entre los más relevantes en el capital, TCI dará su voto a favor de la propuesta de deslocalización mientras que el noruego Norges (1,5%) votará en contra.

Una vez resuelta la votación, Ferrovial pagará 26 euros por título a los partícipes que hayan votado en contra y, además, decidan ejecutar el mecanismo de separación. Contabilizadas las órdenes de venta, la empresa aún podrá subir el límite de pago de 500 millones de euros por este mecanismo (2,5% del capital) que ha fijado como condición suspensiva de la operación. De ese modo, el establecimiento en Ámsterdam saldría adelante siempre que no se comprometa la solvencia del grupo.

De salir adelante el plan propuesto a la junta, los accionistas tienen tiempo para decidir. Con el voto desfavorable habrá un mes, desde la publicación en el BORME del anuncio del acuerdo de la junta aprobando la fusión, para adherirse al mecanismo de separación. La venta a Ferrovial sería por el volumen de acciones en posesión del accionista cinco días antes de la celebración de la junta y que siguieran en poder del partícipe en el momento de la venta.

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