El importe de las licitaciones públicas en consultoría y servicios TI rozó los 4.200 millones en 2022, un 14% más

La Administración General del Estado (AGE) fue el organismo que más contrató con proyectos por 1.875 millones

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) ha elaborado un informe en el que analiza las licitaciones públicas en el sector de tecnologías de la información (TI) en 2022 en los tres niveles de la Administración -estatal, autonómica y local- y en las instituciones comunitarias, comparando los datos con los del año anterior. Las cifras incluyen servicios de consultoría, desarrollo e integración, outsourcing, y outsourcing de procesos de negocio.

Según recoge el informe, el importe de las licitaciones públicas en consultoría y servicios TI aumentó el pasado ejercicio más de un 14% en 2022, y cerró el ejercicio rozando un volumen de 4.200 millones de euros.

“En un año marcado por la guerra de Ucrania y su impacto negativo en la actividad económica y en la sociedad, el aumento del importe de licitaciones de servicios TI pone de manifiesto la prioridad que la Administración está dando a la transformación digital. Desde la AEC confiamos en seguir colaborando con las instituciones para modernizar los servicios públicos, participando en la ejecución de los proyectos financiados con los fondos europeos, e impulsando el crecimiento económico y sostenible del país,” ha asegurado Elena Salgado, presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC).

Análisis por organismos

La Administración General del Estado (AGE) fue la que más proyectos licitó durante 2022, valorados en un total de 1.875,60 millones de euros, cifra que representa un 11,47% más que en 2021. Le siguieron las comunidades autónomas que convocaron concursos por un total de 1.786,61 millones de euros, cantidad que también supuso una representativa mejora respecto a los registros del año anterior, del 24%. En tercer lugar, las entidades locales licitaron proyectos por un total de 475,82 millones de euros. En este caso, ese volumen representó un descenso de casi un 10% respecto a la cifra del año anterior.

En la clasificación por comunidades autónomas, Cataluña, con 520,88 millones de euros, fue la comunidad con mayor importe licitado. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 236,05 millones, Madrid, con 195,68 millones, Andalucía, con 178,48 millones y País Vasco con 171,65 millones. Estas cinco comunidades representaron casi el 73% del importe total de servicios licitados por todas las regiones.

Atendiendo a las áreas que fueron objeto de estas licitaciones, los servicios de consultoría fueron los que más incrementaron su presencia en los concursos públicos, un 150% hasta sumar un total de 524,19 millones, aumentando de esta manera siete puntos su peso relativo sobre el total licitado.

Por su parte, los proyectos de desarrollo e integración se convirtieron en los servicios con mayor importe licitado: 1.876,90 millones de euros, creciendo más de un 40% respecto al año anterior y pasando a representar casi el 45% del total convocado.

Los servicios de outsourcing descendieron al segundo lugar en volumen de licitación con 1.649,77 millones de euros, un 15,36% menos que en el año anterior, disminuyendo también su peso relativo sobre el total licitado. Por su parte, el outsourcing de procesos retrocedió más de un 14% hasta los 147,21 millones de euros.

Por último, el informe elaborado por la patronal de las principales consultoras del país pone de manifiesto que el criterio precio continúa siendo predominante en la mayoría de las licitaciones, por encima de la calidad, la solvencia técnica y el contenido innovador de las propuestas. Para avalar esta tesis, destaca cómo en hasta en un 61,75% de las licitaciones el criterio precio se ponderaba por encima del 50%, cifra ligeramente inferior a la del año pasado, pero que sigue siendo “demasiado elevada”. Estas empresas llevan años destacando esta circunstancia y recordando que en proyectos de esta naturaleza determinar al adjudicatario valorando en exceso el precio por encima de los criterios meramente técnicos puede ser contraproducente, dada la complejidad y extrema sensibilidad de estos contratos.

En cuanto a la diferencia entre el importe licitado y el adjudicado, el porcentaje medio ponderado de baja en la Administración General del Estado fue del 19,61% y aumentó respecto a 2021, en las comunidades autónomas se situó en un 16,49% y en las entidades locales, en un 16,49%. Estos datos evidencian, según la AEC, “de nuevo el elevado peso del criterio precio en las adjudicaciones”.

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