Grant Thornton crea una herramienta para la gestión del canal de denuncias

Las empresas, obligadas a ofrecer este servicio por ley, podrán asegurar el anonimato y que los documentos no se manipulan con tecnología 'blockchain'

Luis Pastor y Joan Saula, socios del área de Consultoría de Negocio e Innovación y Legal de Grant Thornton.

España está a punto de completar la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2019/1937 sobre protección de denunciantes, ya fructificada en ley nacional durante el pasado mes de diciembre de 2022, por la que obliga a las compañías privadas de más de 50 trabajadores y a todas las del sector público a implementar sistemas internos de denuncias en su organización. Deberá pasar el último trámite parlamentario el próximo 7 de febrero en el Senado y, si no hay novedades de última hora, entrará en vigor a mediados de este mes.

La normativa introduce cambios significativos en los procedimientos de compliance y afecta a un gran colectivo de empresas. Por ello, Grant Thornton, en un trabajo conjunto de las áreas legal y de consultoría tecnológica, ha diseñado una herramienta pionera, para la gestión del canal de denuncias apoyada en la tecnología blockchain. Se trata de un sistema de control inmodificable, en cuanto al registro temporal y de contenido que, a diferencia de los antiguos sistemas de denuncias internas, aporta la máxima seguridad jurídica, fiabilidad y objetividad al canal.

“Nuestro sistema, pionero gracias a la tecnología blockchain, cumple con todos los requisitos de seguridad de la información, protección de datos, posibilidad de anonimato y protección del denunciante. Una vez que el trabajador hace llegar la información a la base de datos creada por la empresa, se genera una traza digital inmutable. Se abre un expediente que nadie podrá llegar después y cambiar”, explican Luis Pastor, socio director de Consultoría de Negocio e Innovación y Joan Saula, socio de Legal de Grant Thornton.

Esta herramienta representa una oportunidad para las organizaciones de externalizar su canal de denuncias y, por tanto, aportar una mayor independencia y objetividad a la investigación de irregularidades dentro de la empresa. Adicionalmente, supone una optimización de recursos para aquellas organizaciones que no tengan la estructura para implementar un canal de denuncias interno y un departamento ad hoc para su gestión. “Su instalación es muy sencilla, ya que consiste en incluir una pestaña en la web corporativa de fácil acceso para los trabajadores. La información que dirijan a ese canal se deposita en una cloud y se gestiona desde allí. Ponerla en funcionamiento no nos lleva más de una semana y su coste es de unos 300 euros al mes”, explica Pastor.

La consultora trabaja ya con 10 empresas de sectores y tamaño muy diverso que no han querido esperar a implementar esta herramienta a que estuviera la ley en vigor y han optado por adelantarse. "Y aunque estamos puliendo con ellos las cuestiones que surgen de su funcionamiento, el grado de satisfacción es máximo. Entre sus clientes, un grupo hotelero de más de 3.000 trabajadores.

“Mientras las corporaciones de más de 250 empleados deben disponer de estos canales en cuanto se apruebe la norma, las de menor tamaño dispondrán de dos años para adaptarse”, recuerda Saula. El responsable de Legal recuerda que no contar con este canal de denuncias conlleva sanciones dependiendo de la infracción cometida. Las multas oscilan desde los 100.000 a los 600.000 euros.