Nacen las primeras compañías para implantar canales de denuncias internos
El exdirector de Integridad de LaLiga y profesor universitario, Manuel Quintanar, funda Report@ para ofrecer este servicio
La nueva ley del protección del denunciante entrará en vigor en las próximas semanas. Esta nueva norma, que nace a raíz de la trasposición de la Directiva europea aprobada en 2019 para proteger a todas aquellas personas que informen sobre infracciones normativas, obliga a las empresas y administraciones públicas a instaurar un canal interno de denuncias.
En concreto, la ley, cuya tramitación parlamentaria acaba de terminar, obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con dichos buzones que garanticen el anonimato de los informantes y que eviten la toma de represalias contra ellos. Es en en este contexto en el que comienzan a surgir nuevas compañías para ofrecer los servicios integrales de gestión y tramitación de las alertas a través de herramientas informáticas.
Una de ellas es Report@, fundada por el exdirector de Integridad de LaLiga y profesor de Derecho penal en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Quintanar. En el comunicado sobre su lanzamiento, la compañía explicó que, según estudios internos, más de 10.000 empresas españolas no cuentan con este canal.
No obstante, destacó que quienes tendrán mayores problemas para cumplir con la nueva ley serán las pequeñas y medianas empresas (pymes), que deberán emplear recursos para crear un departamento similar al de compliance (cumplimiento normativo) que ya tienen la mayoría de las grandes firmas.
Soporte a las pymes
Ante las novedades que contempla la normativa de protección al denunciante, empresas como Report@ han comenzado ya a ofrecer la puesta en marcha de plataformas tecnológicas que sirvan de soporte a las pymes, así como el asesoramiento legal tanto al informante como a la empresa cliente.
De este modo, las nuevas compañías prestarán una asistencia externa al recibir y tramitar las denuncias, seguido de las investigaciones pertinentes sobre los hechos denunciados. El trabajo concluirá con la elaboración de un informe final por parte de especialistas en materia.
“Con esta iniciativa, facilitamos un servicio necesario a aquellas empresas que no cuenten con recursos para asumir el nuevo sistema de forma interna y segura, ayudándoles en el proceso de adaptación de la nueva normativa a través de un canal sencillo, completo y eficaz, desarrollado gracias a tecnología de última generación”, explicó Quintanar.
Ante posibles dudas sobre la externalización del canal de denuncias, el fundador de Report@ aclaró que esta modalidad “está autorizada por la ley española y recomendada por las organizaciones internacionales más relevantes en materia de compliance”. En su opinión, esta práctica da mayor “confianza” al denunciante y evita que el proceso de investigación pueda verse alterado.
Denuncia de Bruselas
El Congreso de los Diputados dio luz verde definitiva a esta nueva ley el pasado jueves, tras recibir los cambios que había hecho el Senado. La ratificación del texto legislativo tuvo lugar justo un día después de que la Comisión Europea anunciara que llevará a España y a otros siete Estados miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir los plazos para incorporar a a sus legislaciones la Directiva europea conocida como Whistleblower.
Bruselas dio de plazo hasta el 17 de diciembre de 2021 para que todos los países de la Unión Europea adaptaran sus leyes para proteger a ciudadanos que alerten de comportamientos ilícitos. Tras varios avisos por la tardanza en esta labor, la Comisión acordó poner la situación de ochos países, entre ellos España, ante la Justicia europea, que puede concluir con la imposición de sanciones.
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