Bruselas lleva a España ante el TJUE por incumplir la directiva sobre la protección al denunciante
La Comisión Europea abrió un expediente sancionador por no adaptar las legislación a dicha normativa europea antes de diciembre de 2021
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España y otros Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir los plazos para incorporar a la legislación nacional la Directiva europea sobre la protección a los denunciantes que informen sobre corrupción o fraudes. De este modo, Bruselas pone el asunto en manos del tribunal superior europeo para determinar si se debe proceder a imponer una multa a los ocho países que no han llevado a cabo la trasposición de la conocida como Directiva Whistleblower antes del 17 de diciembre de 2021, cuando expiraba el plazo.
Además de España, la Comisión Europea demandará ante el TJUE también a República Checa, Alemania, Estonia, Italia, Luxemburgo, Hungría y Polonia.
Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que la publicación de la ley para proteger a los ciudadanos que alerten de comportamientos ilícitos de una forma anónima se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que se produzca la demanda ante el TJUE. Lo cierto es que la tramitación de dicha norma está en su fase final.
El Senado aprobó el pasado 9 de febrero el proyecto de ley de reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, pero con cambios en el texto que remitió el Congreso. Ello obliga a que la norma vuelva a la Cámara Baja para su ratificación, lo que tendrá lugar mañana. Una vez que se publique en el BOE, la ley entrará en vigor 20 días después. A partir de ese momento, las empresas y las administraciones públicas tendrán que instaurar un canal de denuncias interno.
Bruselas defiende que la citada Directiva desempeña “un papel clave” , ya que la protección ampara a denunciantes que puedan alertar sobre determinadas de “interés público”, que puede ir desde “la protección del medio ambiente, la contratación pública, los servicios financieros, la seguridad nuclear y la seguridad de los productos” hasta la “protección de los intereses financieros de la Unión”.
Un año de expediente
Bruselas acordó abrir un expediente a España y otros 23 Estados miembros en enero de 2022 por no trasponer a tiempo la directiva europea que fue aprobada en 2019. Así, la Comisión Europea envió una carta a cada uno de los países afectados para emplazar a las autoridades españolas a que, en el plazo de dos meses, detallaran en qué estado se encontraban los trabajos para adaptar la legislación a la norma europea. De este modo, se daba el primer aviso.
Esta no fue la única advertencia desde el órgano comunitario, pues el pasado julio lanzó un ultimátum y volvió a dar otro plazo de dos meses para realizar la adaptación legislativa. Debido a que la respuesta de ocho Estados miembros no fueron satisfactoria, la Comisión ha decidió llevar el asunto hasta el TJUE.
El Gobierno admitió en 2021 que quedaban algunos “flecos” sueltos para comenzar a tramitar el proyecto normativo y que, por tanto, no llegarían a tiempo a trasponer la directiva en la fecha marcada en rojo. Finalmente, el Consejo de Ministros envió el proyecto de ley el pasado mes de septiembre, dando así inicio a su tramitación, que está a punto de acabar.
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