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En colaboración conLa Ley
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Del Poder Judicial al impulso de la mediación: qué propone cada partido en Justicia

La elección del CGPJ divide a los bloques. Vox es el único partido que quiere romper con las autonomías o con la primacía del Derecho Europeo

GETTY IMAGES
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Este domingo se celebran elecciones generales en un contexto especialmente convulso para la Administración de Justicia. A la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva cuatro años y medio con el mandato caducado, le siguen las bajas en el Tribunal Supremo, donde casi un 25% de las plazas están vacantes por fallecimiento o jubilación de los magistrados. El malestar se extiende también por los funcionarios de Justicia, que hace dos semanas desconvocaron la huelga indefinida que mantenían en protesta por sus condicionales laborales hasta que se forme el nuevo Gobierno, o por la abogacía de oficio, que ha salido a la calle para reclamar mejoras en el servicio.

El bloqueo en el órgano de gobierno de los jueces es una de las cuestiones que el nuevo Ejecutivo tendrá que resolver, aunque las recetas difieren en función del programa electoral de los cuatro principales partidos. Mientras el PSOE defiende el modelo de elección actual, es decir, que los 20 vocales del CGPJ sean elegidos a propuesta de las Cortes Generales, el PP aboga estos comicios por cambiar el sistema, “de manera que sean los jueces y magistrados los que elijan a los doce vocales” que tienen que ser escogidos entre ellos. Los ocho restantes se elegirían a propuesta del Congreso y del Senado.

La parálisis se remonta a un WhatsApp enviado en 2018 por Ignacio Cosidó, exportavoz de los populares en el Senado, a sus 146 compañeros de la Cámara Alta. En él les detallaba los flecos de un acuerdo alcanzado con los socialistas para repartirse el nombramiento de los vocales del CGPJ y para controlar “desde detrás” varios órganos clave del Tribunal Supremo. La transcendencia pública del mensaje desembocó en la ruptura de las negociaciones. Desde entonces, el PP de Casado y de Feijóo, que tras las elecciones de 2011 aglutina la mayor parte de los sillones del actual consejo en funciones, ha cortado en varias ocasiones las conversaciones.

Vox va un paso más allá y propone “que todos los miembros del CGPJ sean designados o propuestos por los propios jueces y magistrados, sin injerencia de partidos o asociaciones politizadas”. Y Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, coincide con los socialistas, aunque aboga por “mecanismos para lograr la paridad” y que se concreten “los criterios de designación de los vocales del turno judicial para respetar al máximo la voluntad de los avalistas o asociaciones”, de forma que haya una “presencia proporcional de todas las sensibilidades”.

Mediación

En lo que respecta al colapso que sufren los juzgados, hay un elevado consenso en la conveniencia de “impulsar la mediación” para reducir la alta litigiosidad. PSOE, PP y Sumar coinciden en este punto en sus propuestas sobre Justicia, mientras que Vox la ofrece exclusivamente dentro de las políticas de familia, “para la resolución de situaciones conflictivas”. Tanto el PP como Sumar proponen un plan de choque para desatascar los juzgados. No obstante, la plataforma de Yolanda Díaz baja más al detalle y dice que “con medios no menores a los que dispone la Agencia Tributaria”.

Aunque con diferencias, PSOE, PP y Sumar también presentan propuestas para digitalizar la justicia, como una forma de hacer más rápidos los procesos. El programa de Vox, en cambio, guarda silencio. Para Abascal, la prioridad es devolver las competencias en esta materia al Estado. Mientras tanto, se compromete a desarrollar “un sistema de gestión procesal único en toda España”. En este punto se diferencia del PP, que habla de “diálogo” con las comunidades al proponer reformas legales. En mayor sintonía con los populares están el PSOE y Sumar, que reconocen la “cogobernanza” con las autonomías.

Además de romper con las comunidades, el programa de Vox quiere hacerlo también con la primacía del Derecho de la Unión Europea “en el conocimiento y enjuiciamiento de conductas delictivas”. De la misma forma, solo Vox plantea acabar con el Tribunal Constitucional, integrándolo en una nueva sala del Supremo. En este punto, PP y Sumar coinciden en el “prestigio” que deben tener sus miembros, con “desvinculación política” durante los últimos cinco años, matizan los de Feijóo.

Turno de oficio

En relación con las protestas de los funcionarios de Justicia, PSOE, PP y Sumar se comprometen a aumentar el número de jueces y fiscales, mientras que Vox promete una mejora retributiva y que los “juzgados participen en la asignación y dotación de medios personales y materiales”.

En el ámbito de la abogacía de oficio, las tres formaciones coinciden en que el servicio no está suficientemente “dignificado”. Mientras el PSOE propone “actualizar” los baremos, el PP habla de “contemplar expresamente este derecho” para las personas jurídicas e indemnizar “siempre” que se realicen actuaciones. Sumar también propone poner “fin a la insuficiencia y el retraso en el abono de los honorarios”. El programa de Vox es el único que carece de propuestas en este sentido.

Otras promesas electorales

Instrucción. PSOE y PP coinciden en modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para hacer más “ágil” el proceso, aunque en sus programas no bajan al detalle. Sumar también propone una reforma, en la que “se atribuya la instrucción al Ministerio Fiscal, creando la figura del juez de garantías para el control de las medidas que afecten a derechos fundamentales”. Vox, por su parte, rechaza “cualquier intento de atribuir la instrucción al Ministerio Fiscal”.

Violencia de género. Entre diferentes medidas, el PSOE propone renovar el pacto de Estado contra la violencia machista y Sumar, blindarlo. El PP, por su parte, habla de “intensificar la atención” a las víctimas, englobando en la misma propuesta a las de género y del terrorismo. En el extremo opuesto está Vox, el único partido que quiere derogar la ley de violencia de género, la fiscalía y los juzgados especializados. En su programa también propone suprimir las fiscalías especiales de delitos de odio y memoria democrática.

Indultos. Mientras el PP propone modificar la ley para “reforzar la motivación por parte del Gobierno” al concederlos, Vox aboga por prohibirlos en delitos relacionados “con la corrupción o la integridad territorial”. Ambos partidos coinciden en recuperar el delito de sedición y el tipo de malversación anterior a la reforma penal de 2022. Sumar, por su parte, quiere promulgar “una nueva ley de indultos que refuerce la exigencia del interés público en su concesión”. El programa del PSOE no recoge ninguna medida en este sentido.

Defensa. PSOE y Sumar coinciden en aprobar de forma inmediata la Ley de Derecho de Defensa para desarrollar este derecho fundamental. El PP, por su parte, dice que acometerá una ley nueva, mientras el programa de Vox guarda silencio.

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