El problema de la Justicia va más allá de los salarios
El colapso de juzgados y tribunales requiere una reforma profunda y sustentada, a ser posible, por un gran pacto de Estado
Las medidas de presión realizadas durante dos meses por el antiguo cuerpo de secretarios judiciales –ahora letrados de la Administración de Justicia– se han saldado con una victoria y un fracaso. La victoria ha sido para los funcionarios, que han conseguido la reivindicación salarial que demandaban. El fracaso para el Ministerio de Justicia, que lejos de lograr pacificar los juzgados y solucionar el día a día de su actividad, se ha visto sorprendido por una reacción en cadena de otros cuerpos de Justicia, especialmente de jueces y fiscales, los cuales amenazan con iniciar su propia huelga el próximo 16 de mayo.
Aunque las protestas de los letrados puedan haber sido el detonante de esta nueva ola de descontento, las razones que explican la rebelión de jueces y fiscales no son nuevas y tienen un sustento objetivo. No es ningún secreto, sino una realidad que se ha hecho evidente a lo largo de los años y con independencia del signo político de los distintos Gobiernos, que la justicia española arrastra un grave problema de exceso de causas y escasez de medios. A ello hay que sumar la reivindicación que focaliza la convocatoria de huelga que se anuncia para mediados de mayo: el hecho de que los salarios de jueces y fiscales no han sido actualizados desde 2009, pese a las previsiones que contempla la ley reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
Las reivindicaciones de magistrados y fiscales tienen, además, un telón de fondo que contribuye a aumentar las tensiones y el descontento general de los profesionales de ambos cuerpos, el insostenible bloqueo que vive el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, el cual está mermando gravemente la imagen de independencia de la Justicia española y ha merecido ya varias y serias reprimendas por parte de Bruselas.
Los juzgados españoles cerraron 2022 con 3,4 millones de asuntos pendientes de resolver, un monumental atasco que está encabezado por la jurisdicción civil, con 1,2 millones de causas sobre la mesa. Acabar con ese colapso no se es tarea de un día ni constituye materia para resolver en una mesa de negociación. Requiere una reforma a fondo de la Administración de Justicia, a ser posible sustentada por un gran pacto de Estado, una racionalización de las competencias de jueces y tribunales, el establecimiento de desincentivos a la litigiosidad que caracteriza a la sociedad española y, a la cabeza de todo ello, una retribución a jueces y fiscales acorde con lo que establece la ley y con la función imprescindible que ambos cuerpos desempeñan en un Estado de Derecho.
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