Un congreso por la cultura del acuerdo
Este evento es una privilegiada ocasión para alcanzar los acuerdos necesarios con los que afrontar desde las mejores posiciones los retos que marcarán el desarrollo de la abogacía en los próximos años
El Congreso de la Abogacía Española –al que, cada cuatro años, nos convoca el Consejo General de la Abogacía– tiene una precisa misión definida en el Estatuto General de la Abogacía: aprobar conclusiones que tendrán carácter orientador para la actuación de los órganos y organismos corporativos de la profesión. Esta función dota de una singular trascendencia a los temas que se seleccionan para debatir y aprobar conclusiones. Para este año 2023, el lema del congreso ha sido “Por la cultura del acuerdo” y, entre las diversas cuestiones a debatir, se ha elegido la defensa de los derechos y libertades. Esa elección me va a servir de guía para estas breves reflexiones.
Se ha escrito que la esencia del derecho se concentra en la tensión entre la lucha y la paz. La paz es el fin del derecho, pero la lucha por la defensa de los derechos y libertades es el medio para conseguirla. Ahora bien, en nuestras sociedades cada vez más diversas y –al mismo tiempo– complejas, esa lucha no tiene que llamar necesariamente al combate. Frente a la polarización que desune y enfrenta, la abogacía cumple eficazmente su tarea favoreciendo los acuerdos y ayudando a forjar consensos. Para muchos de quienes, con tanta ilusión como esperanza, vivimos el éxito de la transición a la democracia y el proceso que alumbró la Constitución de 1978, la idea del consenso se nos aparece como una herramienta esencial para lograr el éxito en proyectos colectivos.
El Congreso de la Abogacía se ha presentado, de este modo, como una privilegiada ocasión para alcanzar los acuerdos necesarios con los que afrontar desde las mejores posiciones los retos que marcarán el desarrollo de la abogacía en los próximos años. Y entre esos retos se encuentra, sin duda, la eficacia en la defensa de los derechos y libertades.
En el Congreso de los Diputados se acaba de iniciar la tramitación del proyecto de ley orgánica del derecho de defensa. El hecho de que haya coincidido con el congreso ha dado la oportunidad a los profesionales de poder trasladar sus preocupaciones para que sean recogidas por el legislador.
Son muchos los objetivos que pueden alcanzarse con una ley reguladora del derecho de defensa, pero, a mi juicio, esa norma debe, al menos, perseguir consolidar los desarrollos de la jurisprudencia y la doctrina constitucional; facilitar la implantación de un estándar uniforme en todos los juzgados y tribunales para evitar diferencias en su aplicación; establecer reglas que aseguren una defensa efectiva, incluso mediante la utilización de los medios electrónicos, en las distintas fases en que se desenvuelve el derecho de defensa; integrar en el ejercicio de la defensa letrada la garantía de cumplimiento de las exigencias deontológicas, que son también presupuesto para una igualdad de armas real en el seno de los procedimientos y procesos; asegurar el derecho de la ciudadanía a una información completa de las consecuencias y costes de la defensa; así como eliminar las barreras de acceso a través del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez