Cómo pretenden que sean las nuevas pensiones y qué opinan autónomos y empresarios
El Gobierno plantea realizar un cálculo de los últimos 25 o 29 años de cotización
El Gobierno propone que las pensiones se calculen con 25 años cotizados o con 29 años de cotización. Se podrán excluir los dos peores años de acuerdo a la propuesta del Gobierno, por lo que, en caso de decantarse por el segundo supuesto, el cálculo se hará sobre 27 años de cotización.
La propuesta del Gobierno plantea dejar que sea el futuro pensionista el que escoja entre los últimos 25 años de cotización u optar por un periodo de cómputo de 29 años. En este caso, se mantendría el periodo de cálculo de los 25 años si no resultara más beneficioso optar por el periodo global de los 29 años.
El Gobierno pretende que este régimen dual de cómputo esté vigente durante los próximos 20 años. La opción de contabilizar los últimos 29 años se implementará de manera progresiva durante 12 años a partir del año 2026.
La idea es, según el Gobierno, permitir que sea el pensionista el que decida cuál de las dos opciones es más ventajosa para él.
“Pone en riesgo a las empresas y autónomos”
Sin embargo, esta propuesta no cuenta con el aval de organizaciones como CEOE, CEPYME y ATA, que han mostrado su oposición a la misma. Según indican las organizaciones, con esta medida lo que se hace es que “el sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”.
Las organizaciones empresariales consideran que la medida “es regresiva porque implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión”.
Asimismo, consideran que el Gobierno debería afrontar la reforma del sistema de pensiones realizando un debate y diálogo social tras alcanzar un acuerdo con Europa. “La propuesta vulnera el necesario debate que tenía que haber tenido lugar en el Pacto de Toledo y no va acompañada del análisis de impacto que llevamos reclamando los interlocutores sociales desde el verano”, advierten añadiendo que la propuesta también pone en riesgo a las pequeñas y medianas empresas y autónomos.
