La propuesta española sobre electricidad choca con Europa
El Tribunal de Cuentas de la UE aboga por una regulación eléctrica que profundice en los principios del mercado europeo
La regulación eléctrica se ha convertido en los últimos tiempos en trending topic y no solo en España. Los políticos y los tertulianos hablan de ello con frecuencia, no siempre con el debido rigor. El incremento de los precios de suministro al consumidor final constituye sin duda un hecho preocupante, pero, a la hora de buscar los causantes, habría que hacerlo con conocimiento de causa y no dejándose llevar por la ocurrencia del día o (peor aún) por la ideología.
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea acaba de publicar un informe especial que merece atención, entre otras cosas porque, pese a su tono crítico con las normas liberalizadoras de junio de 2019, no apoya, y es quizá lo más importante de todo, la propuesta que hace unas semanas, y proveniente de los acuerdos de la coalición que se formó en diciembre del mismo 2019, ha presentado el Gobierno de España en Bruselas.
Una propuesta que, como es conocido, consiste en postular un retroceso en un doble plano: que vuelva la intervención de los precios mayoristas –y ello desagregando el mercado según las distintas tecnologías: la fórmula técnica para revestir la cantinela de los beneficios caídos del cielo– y que sean los Estados, cada uno por su cuenta, los que decidan. O sea, ni mercado ni tampoco interior, sino intervención y además con ámbito nacional.
La queja del Tribunal de Cuentas se sitúa justo en las antípodas del discurso de nuestro Gobierno: si lo aprobado a nivel continental en 2019 merece su crítica es por lo inverso, por no haber llevado los principios del mercado interior europeo a sus últimas consecuencias y en concreto por no haber dado al regulador europeo (ACER) todas las competencias necesarias para, entre otras cosas, vigilar el mercado y su estructura marginalista con un carácter más puntilloso y eficaz.
No hace falta recordar el hecho obvio de que las crisis obligan a replantearlo todo, pero la duda es si el remedio consiste en echar marcha atrás o, por el contrario, acelerar. Esto segundo –la alternativa por la que opta el Tribunal de Cuentas, se reitera– no resulta sencillo, por la elemental razón de que hay que ponderar otra variable, lo que se llama la penetración o el despliegue de la producción renovable –incluyendo el autoconsumo– lo que requiere al mismo tiempo arbitrar incentivos e implantar rigurosos análisis ambientales.
Habida cuenta la extrema complejidad del asunto –entre otras cosas, porque hay países poco interconectados con el resto–, el Tribunal de Cuentas desliza frases que, aisladamente tomadas, pueden dar lugar a interpretaciones erróneas o incluso abiertamente disparatadas: ya se sabe que las medias verdades acaban mostrándose más peligrosas que las mentiras completas. Pero hay que quedarse con la doctrina que proclama, que es la buena: los sucesivos diseños normativos del mercado interior de la electricidad (1996, 2003, 2009 y 2019) merecen, sin duda, toda la crítica que proceda, vistas las cosas con la privilegiada perspectiva que a estas alturas nos dan los años. Pero no nos equivoquemos: el objetivo sigue siendo el mismo, la defensa del mercado interior (o sea, europeo) de electricidad.
Si hay que denostar los contenidos de su regulación, que siempre, se insiste, va a tener un alcance muy complejo, porque la simplicidad es de otras épocas, si acaso hay que hacerlo, se insiste, no es por la dirección que desde hace casi treinta años ha tomado, sino porque la velocidad se ha quedado muy corta. Justo lo contrario de lo que pretende la castiza propuesta española, que, se insiste, está en contra de las dos cosas: del mercado y de que sea europeo.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Catedrático de Derecho Administrativo.