¿Ha llegado la hora de tocar la indemnización por despido?

El nuevo modelo que se plantea adaptará la compensación a las circunstancias del trabajador, pero puede estigmatizar a colectivos vulnerables

La decisión del Gobierno, de acuerdo con los sindicatos, de subir el salario mínimo interprofesional en 80 euros ha servido para escenificar un nuevo desencuentro con la patronal. Su presidente, Antonio Garamendi, justificaba su ausencia de la reunión porque no estaba dispuesto a proporcionar una fotografía tan potente al Gobierno en pleno año electoral. Hace unos meses, la que se encontraba en pleno proceso electoral era la propia CEOE, lo que también limitaba su capacidad de negociación. Ahora son las elecciones locales, que coincidirán con varias autonómicas y posteriormente las nacionales, las que harán prever que Garamendi se ausentará también de cualquier negociación que implique a los agentes sociales en lo que supondrá una dejación de funciones, que no parece la opción más adecuada para el representante de un sector tan importante para la economía como son los empresarios.

En cualquier caso, la reforma realmente importante en el ámbito laboral y que deberá acometerse antes del final de la legislatura es un tema que quedó pendiente en aquella reforma laboral aprobada in extremis y gracias a la equivocación de un diputado del PP. En aquella ocasión, y a pesar de la falta de apoyos en el Congreso, la reforma venía avalada por el acuerdo de los agentes sociales, CEOE incluida, lo que hizo más paradójica aún, la falta de apoyo entre la representación de la ciudadanía.

Y quizás esa falta de apoyo se justificaría en la estrategia puesta en marcha por el Ministerio de Trabajo y que supuso dejar para más tarde aquellos aspectos que despertaban más controversia entre los agentes sociales. Es decir, no tocar de momento, todo aquello que pudiera contribuir a la falta de acuerdo entre sindicatos y empresarios. Y entre esos asuntos guardados en el cajón se encontrarían las indemnizaciones por despido, un tema del que los empresarios no deberían ausentarse porque la flexibilidad para despedir ha sido siempre uno de sus principales caballos de batalla.

La actual vicepresidenta segunda y responsable del área de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto cerrar su paso por el ministerio modificando una de las derivadas más polémicas introducidas en la reforma laboral de Rajoy y Fátima Báñez. La reforma del PP consistió, básicamente, en abaratar los despidos para que los empresarios pudieran aligerar las plantillas con menor coste, lo que llevó los niveles de paro a cotas históricas y a un abaratamiento de la mano de obra con la que se pretendía fomentar un modelo precario en las relaciones laborales.

¿Por qué es el momento de tocar las indemnizaciones? ¿Por qué iniciar ahora un debate que, sin duda, volverá a crear una nueva controversia entre los diferentes actores políticos, sindicales y empresariales?

Para encontrar la respuesta, debemos mirar, una vez más, hacía Europa. Está próximo a resolverse (con elevados visos de prosperar) la denuncia que el sindicato UGT presentó ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa relativa al reconocimiento de que la flexibilidad en los despidos introducida por el PP, iría en contra de los derechos de los trabajadores. De resolverse la denuncia como se espera, Yolanda Díaz contaría con el aval suficiente para entrar en materia, a pesar de que hacerlo supondrá capear un complicado sistema de despidos que tiene que aportar seguridad a los trabajadores, estabilidad para el empresario y garantías para el sistema, so pena de incumplir los pactos económicos europeos que garantizan las ayudas.

¿Cómo será el nuevo sistema indemnizatorio que está preparando el Ministerio de Trabajo? A diferencia de lo que venía siendo habitual en las múltiples reformas aprobadas hasta la fecha, en esta ocasión, las indemnizaciones se harían atendiendo a la situación social, económica e incluso familiar de la persona afectada. Partiendo de este sistema de clasificación, además de la tradicional antigüedad en la empresa, también se podría tener en cuenta la edad, el número de hijos a su cuidado, si cuida de personas dependientes, con algún tipo de discapacidad, y un largo etcétera de situaciones que en estos momentos se están estudiando y que deberán quedar reflejadas para atender de manera más efectiva a todos aquellos colectivos que estén en situaciones más vulnerables, sin por otro lado convertirse en un foco de discriminación.

Sin embargo, este procedimiento no está exento de problemas ya que, si el nuevo sistema supone que despedir a una mujer, con hijos a su cargo, y con más de 40 años tenga un coste indemnizatorio superior a otros, probablemente también desemboque en que el colectivo quede estigmatizado y suponga un hándicap que los empresarios se animen a contratarlos.

Por lo tanto, la nueva problemática para el Ministerio va a ser la capacidad para establecer un sistema de indemnización que atienda a la realidad cierta de cada persona y, por otro, evitar que los colectivos vulnerables sean aún más estigmatizados y se les complique el ya de por sí difícil acceso al mundo laboral.

Esperemos que la solución final sea la más favorables para todos y la que se merece nuestro sistema laboral, no siempre bien tratado por los diferentes Gobiernos. Y esperemos que tanto sindicatos como empresarios se impliquen y ayuden al Gobierno a dibujar las mejores perspectivas para conseguir, por fin, esa necesaria paz social que acompaña al desarrollo económico de los grandes países.

Avelina Barja es Socia de Sammos Legal