Justicia debe buscar una fórmula justa que evite la huelga en los juzgados

El Ministerio de Justicia inicia el año, salvo acuerdo de última hora, con la amenaza de un conflicto salarial cuya capacidad de paralización del sistema judicial sería un serio error de cálculo minusvalorar. El enfrentamiento que el cuerpo de los antiguos secretarios judiciales, actualmente denominados letrados de la Administración de Justicia, mantiene desde hace meses con el departamento que dirige Pilar Llop puede paralizar los juzgados y tribunales españoles, congelar miles de causas y bloquear más de 4.500 millones de euros depositados en las cuentas judiciales, cuya gestión corresponde al colectivo. Los letrados han convocado una huelga para este martes como medida de presión tras meses de tensiones que han incluido paros intermitentes en noviembre y diciembre.

El conflicto de estos funcionarios con Justicia no es nuevo ni está vinculado únicamente a la actual legislatura. Sus raíces arrancan en 2009, cuando la reforma procesal aprobada ese año aumentó las competencias del cuerpo y dotó a estos funcionarios de mayor responsabilidad, pero sin satisfacer sus reivindicaciones estatutarias y salariales. El pasado mes de abril, el Consejo de Ministros aprobó finalmente una subida salarial de 195 euros mensuales para el colectivo, algo más del 5%, como forma de cumplir el acuerdo pactado en la mesa sectorial de la Administración de Justicia en 2021. Los letrados, sin embargo, sostienen que no todo lo que se pactó en aquella fecha con el Gobierno se ha cumplido.

Aunque el Ministerio de Justicia ha establecido un plan de servicios mínimos para la huelga, que será de un 10% en el Tribunal Supremo; un 20% en la Audiencia Nacional; un 10% en los tribunales superiores de justicia; y un 10% en las audiencias provinciales, el paro de estos funcionarios puede agravar seriamente el funcionamiento de los sobrecargados juzgados y tribunales españoles. Los órganos judiciales soportan una enorme carga de causas pendientes, que ha colocado a España en el grupo de cabeza de los países con mayores atascos judiciales y que en 2021 sumaba más de tres millones de asuntos en trámite. Con un panorama como ese, el Ministerio de Justicia debe hacer todo lo posible para desbloquear la huelga, lo que no debe suponer ceder a pretensiones que vayan más allá de lo razonable, pero sí reabrir el diálogo con las asociaciones que representan al colectivo y tratar de buscar una fórmula justa que reconozca de forma inequívoca el papel del cuerpo en el día a día de los juzgados y tribunales.