A un paso (todavía) de los pagos instantáneos internacionales

Bruselas quiere obligar a la banca a realizar transferencias a otros países en 10 segundos, ya que ahora son caras, lentas, inseguras y poco transparentes

España está a la cabeza de los pagos instantáneos en Europa. En 2021, casi la mitad de las transferencias nacionales efectuadas (47%) fueron inmediatas, alcanzando un volumen de 83.997 millones de euros, según Iberpay, la sociedad española de sistemas de pago. La cifra cuadruplica la media europea, situada en un 11%.

No cabe duda de que el resto de los países del Viejo Continente seguirá la estela de España y fomentará este sistema de pago entre sus ciudadanos. Con toda lógica, la insólita revolución española, que de momento solo ha aplicado a transacciones nacionales, también se extenderá a las operaciones internacionales, asignatura pendiente tanto en España como en el resto de Estados. En estos casos, es decir, en las transacciones financieras en las que el ordenante se encuentra en un país diferente al del destinatario, los procesos tradicionales se traducen en caros, lentos y opacos, unas características muy alejadas de lo que debería configurar un sistema de pagos transfronterizos seguro y eficiente.

Ante esta situación, la Comisión Europea quiere dar una vuelta de tuerca a los datos y acelerar la inmediatez de las transferencias con una propuesta de ley que pretende obligar a la banca a ofrecer pagos que lleguen a sus destinos en tan solo 10 segundos, a cualquier hora del día, los 365 días del año. Esto significaría que, desde España, se pueda enviar dinero a cualquier de los 27 Estados de la Unión Europea, además de Liechtenstein, Islandia, Noruega, Andorra, Mónaco, San Marino, Suiza, Reino Unido o al Estado de la Ciudad del Vaticano de manera inmediata.

El proyecto, que modificaría la normativa sobre la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) del 2012, prevé mejorar la competitividad de las empresas y aumentar la velocidad a la que los consumidores pueden pagar facturas o realizar pagos urgentes en euros con el objetivo final de ayudar a la expansión del tejido empresarial. Es decir, poner fin a los innecesarios quebraderos de cabeza que comerciantes y empresas han tenido que sustentar a lo largo de las últimas décadas.

Actualmente, existen aún muchos desafíos a los que hacer frente hasta conseguir unas transacciones transfronterizas que se adapten a las necesidades reales del mercado. En primer lugar, Bruselas plantea abordar su elevado coste. La involucración de varias instituciones financieras, así como los facilitadores e intermediarios que participan a lo largo del proceso, lleva asociada un incremento del precio final fruto de tarifas extra en servicios y otras comisiones. Es inconcebible que hoy en día algunos bancos sigan cobrando hasta 30 euros por realizar una transferencia inmediata cuando la tarifa de la operación debería ser igual, e incluso menor, que una transferencia tradicional.

En segundo lugar, la lentitud de las transacciones también es otro de los principales inconvenientes, más aún cuando la tecnología que permite los pagos instantáneos existe desde hace ya más de un lustro. Una tecnología que, si bien es cierto que ya está consolidada, supone una revisión significativa de la arquitectura tanto a nivel técnico como operativo de toda entidad financiera que no cuente con la infraestructura adecuada. Consecuentemente, esto nos ha llevado a situarnos casi en el año 2023 con que una transferencia bancaria tradicional llegue a tardar entre dos y cinco días en procesarse, un tiempo excesivamente largo. Tal y como establece el proyecto de ley, urge que pasemos de las transferencias de días a las operaciones en 10 segundos, porque la dilatación del tiempo de espera provoca relevantes interrupciones en la eficiencia operativa y en las actividades comerciales de las empresas.

Los pagos transfronterizos tradicionales también plantean obstáculos en cuanto a la falta de una regulación estandarizada de seguimiento y monitoreo de las transacciones. Como resultado, la transparencia queda en entredicho: tanto el pagador como el destinatario suelen desconocer dónde se encuentra el pago en el proceso de transacción y cuánto tiempo tardará en llegar a su ubicación prevista. Además, las tarifas impuestas por algunos intermediarios pueden provocar gastos inesperados para el pagador y/o el destinatario.

Asimismo, es importante resaltar que cada país o región opera bajo sus propias regulaciones de seguridad y de compliance, lo que puede conducir a una ausencia de infraestructuras de seguridad de alta calidad. A su vez, cuando los pagos transfronterizos tradicionales se envían a regiones de riesgo con diferentes estándares, no es de extrañar que se conviertan en una asequible diana para los estafadores. La seguridad de las operaciones debe ser la columna vertebral del sistema financiero y, por ello, la propuesta legislativa incide en la obligatoriedad de que los bancos aseguren que el IBAN de la cuenta bancaria y el nombre del beneficiario coincidan con el proporcionado por el pagador.

En línea con este último punto, el Ejecutivo comunitario también insta al control de las personas incluidas en la lista de sanciones de la Unión Europea, de manera que, como mínimo, la entidad financiera verifique una vez al día la entidad de la persona, en lugar de tras cada transacción.

En definitiva, en una sociedad cada vez más global y digitalizada urge que tanto las empresas como los ciudadanos puedan realizar pagos internacionales de una manera cómoda y segura. La adopción está siendo lenta, pero estamos a tiempo de transformar los términos caro, lento y opaco por asequible, ágil y transparente. Solo así conseguiremos desarrollar un comercio internacional competitivo.

Julián Díaz-Santos es Cofundador y coCEO de Unnax