Una reforma que no beneficia la calidad e independiencia de la auditoría
Cuando en 2015 el Gobierno del Partido Popular reformó la Ley de Auditoría y limitó a diez años –ampliables a otros cuatro– el plazo máximo para que una firma o profesional supervisase las cuentas de una empresa, se encontró con la resistencia de un mercado que estaba dominado entonces, como lo sigue estando ahora, por cuatro grandes compañías, las denominadas Big Four. El pasado 22 de noviembre, la aprobación de una enmienda transaccional a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, impulsada por el PdeCat y el PNV, y apoyada por PSOE y Unidas Podemos, ha ampliado ese plazo hasta 24 años en total, si el contrato se prorroga junto a otra auditora, o hasta 20 años, siempre que se realice una previa convocatoria pública de ofertas. La medida ha agitado el mercado y ha dividido al sector, parte del cual denuncia que se ha adoptado sin consultar a la profesión, que reforzará aún más el dominio de las Big Four y que perjudicará también la independencia del auditor. Solo una de las cuatro grandes –EY– ha levantado la voz contra la enmienda, por considerar que se ha aprobado con prisas y de espaldas a la industria.
La primera y más seria consecuencia de este cambio regulatorio es que elimina de un plumazo las limitaciones de la ley de 2015, que no fueron casuales, sino una reacción contra los escándalos que salpicaron a las grandes auditoras en la crisis de 2008. La filosofía normativa que sustentó la limitación de los contratos sostenía que cuánto más largos fuesen estos, mayor sería el riesgo de connivencias y de malas práxis entre auditora y auditada, con la consecuente pérdida de independencia para la actividad. Como señalaba estos días el Registro de Economistas Auditores (REA), organismo que representa a parte de la profesión, la enmienda aprobada permitirá a las grandes auditoras perpetuarse durante 20 años en un mismo contrato, gracias a la ventaja competitiva que los primeros diez años de relación con el cliente les otorgarán en la convocatoria pública que el texto obliga a realizar.
Introducir un cambio de esta naturaleza en la regulación de auditoría no parece una decisión acertada, ni por la vía elegida, que puede despertar suspicacias de índole política, ni por su contenido, que difícilmente contribuirá a mejorar la calidad de las auditorías o a reforzar su independencia. Tampoco ayudará a combatir la concentración en la industria, que roza lo sistémico, ni a asegurar la sana competencia en un sector clave para la transparencia y el buen funcionamiento de la economía de mercado, lo cual resulta especialmente crítico al tratarse de un colectivo cuya primera función es fiscalizar los estados contables y dictaminar que estos son veraces y que reflejan exactamente la realidad.