Calviño se enfrenta a la CNMV y defiende el escudo antiopas

La vicepresidenta asegura que las previsiones económicas del Gobierno no son demasiado optimistas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. EP

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, respondió este jueves a las críticas del presidente de la CNMV al escudo antiopas que el Ejecutivo desplegó sobre las empresas españolas en el momento más crítico de la pandemia. La responsable de Asuntos Económicos también defendió en el foro Spain Investors Day que esta medida no genera ninguna incertidumbre jurídica y, por tanto, no obstaculiza “en absoluto” la inversión extranjera en España.

En marzo de 2020 el Ejecutivo decidió reclamar la autorización del Consejo de Ministros para toda compra de más de un 10% de empresas consideradas como estratégicas (entre otras, las de energía, infraestructuras, telecomunicaciones, biotecnología o medios de comunicación) por parte de inversores de fuera de la UE. Meses después decidió ampliar esta salvaguarda también a los inversores comunitarios que quisiesen invertir en compañías cotizadas estratégicas. En estos dos años de vigencia del llamado escudo antiopas el Gobierno no ha vetado ni una sola inversión en España, si bien introdujo algunas condiciones a la opa parcial del fondo australiano IFM sobre Naturgy.

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, había sugerido un día antes en el mismo foro que el Gobierno debería retirar esta medida para conseguir una “normalización del régimen de control de las inversiones exteriores sobre compañías cotizadas españolas”. La autorización sobre la compra de empresas españolas por inversores comunitarios expira, si el Gobierno no la vuelva a prolongar, el 31 de diciembre de este año. La que afecta a los de fuera de la UE no tiene fecha de caducidad.

“Creo que las empresas que se han enfrentado al proceso deben apreciar que hay un proceso muy claro que se ha llevado a cabo con rapidez y un enfoque muy transparente y justo por parte del Gobierno”, respondió Calviño a Buenaventura. El presidente de la CNMV —que trabajaba entonces para el coordinador de las comisiones europeas de valores, la ESMA— fue elevado a la presidencia del regulador español de los mercados precisamente por Calviño en noviembre de 2020 para sustituir a Sebastián Albella.

Economía y empleo

En el foro dirigido a inversores internacionales, la vicepresidenta Calviño también aseguró que la recuperación económica de España tras el impacto de la pandemia ha cobrado fuerza a lo largo de 2021 y las perspectivas son también positivas para 2022.

Calviño recalcó la extrema dificultad que supone hacer predicciones económicas en un entorno tan incierto como el actual, pero negó que las estimaciones de crecimiento oficiales sean demasiado optimistas. Así, aseguró que el Gobierno ha sido “prudente” para garantizar que cumplirá los objetivos marcados incluso en un escenario desfavorable. Cabe recordar que el Ejecutivo mantiene su previsión de crecimiento para 2021 en el 6,5% y para 2022 en el 7% frente a diversos organismos nacionales e internacionales, que las rebajan con fuerza.

En paralelo, la vicepresidenta mostró también su confianza en que la reforma laboral sea aprobada en el Congreso de los Diputados en los primeros días de febrero y “sin ningún cambio”, después de haber sido consensuada con patronales y sindicatos a finales del pasado diciembre. “Espero de verdad que la ley sea apoyada y aprobada por el Parlamento sin ningún cambio, porque todas las palabras y las comas son el resultado de largas negociaciones y representan un equilibrio delicado que debería ser respetado en el proceso legislativo”.

La vicepresidenta incidió en que la reforma laboral es “clave” y resulta “especialmente valiosa” por el apoyo de los agentes sociales, ya que otras leyes anteriores fueron aprobadas “unilateralmente” por el Ejecutivo de turno, en ocasiones sin acuerdo. “Espero que la convalidación del decreto ley en el Parlamento tenga el máximo apoyo político”. También, sugirió, porque el documento “responde a las repetidas recomendaciones” realizadas a España por diferentes organismos internacionales para reducir una tasa de temporalidad “muy superior” a la media europea y para mejorar la productividad, entre otras metas.

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