Ampliado hasta 2022 el escudo antiopas a cualquier inversor que no sea español
Los compradores de la UE también deberán recibir autorización para comprar más del 10% de empresas estratégicas
El Gobierno seguirá vigilando de primera mano el mercado de operaciones corporativas en España. En el Consejo de Ministros de este jueves se ha ampliado hasta el 31 de diciembre la obligación de que cualquier inversor extranjero, aunque sea de la UE, pida permiso para comprar más del 10% de una empresa estratégica que cotice en la Bolsa o en todos los casos si es una inversión superior a los 500 millones.
La medida inicial se acordó en el estallido de la pandemia, en marzo del año pasado, pero era solo para inversores de fuera de la UE. Se amplió el pasado noviembre para cualquier inversor no español. En principio, era una medida transitoria, con vencimiento fechado para el próximo 30 de junio, pero ahora se prorroga hasta finales de año, a petición del Ministerio de Industria, según ha explicado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
El 17 de marzo del año pasado, en pleno confinamiento para frenar la pandemia, el Gobierno aprobó un blindaje para proteger a las empresas españolas pertenecientes a sectores estratégicos de inversores de fuera de la UE aprovechando el desplome de su valor en Bolsa. Requería autorización si compraban más del 10%. A finales de ese mes, extendió esta restricción también a las adquisiciones realizadas por inversores residentes en países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio cuando dichos inversores estuvieran controlados por entidades residentes fuera de ese ámbito territorial. Se estableció el umbral en el 25%.
La primera redacción de esta norma establecía, de forma genérica, que cualquier inversor de fuera de la UE que quisiese tomar el control o comprar más de un 10% de una sociedad española de carácter estratégico debía obtener un salvoconducto del Gobierno. Después se amplió este precepto ad aeternum, como publicó CincoDías el 2 de abril de 2020.
Cierto es que el pasado 19 de marzo de 2020 se aprobó un reglamento que abría la puerta a que Europa controlase las inversiones extranjeras directas en empresas del Viejo Continente. Daba la posibilidad de que los estados estableciesen mecanismos de control en casos extremos, "por motivos de seguridad o de orden público". Esta norma entró en vigor el 11 de octubre.
El Gobierno con la medida anunciada este jueves sigue va más allá de los límites del reglamento comunitario, puesto que también afecta a inversores que pertenecen al club. La ministra portavoz ha especificado que el objetivo sigue siendo el mismo: proteger a las compañías españolas de sectores estratégicos "para que tengan seguridad y, por tanto, no puedan tener un intento de compra, aprovechando las circunstancias", ha explicado María Jesús Montero.
Varias operaciones están a la espera de recibir autorización del Gobierno para adquirir más del 10% de empresas estratégicas. IFM, que quiere controlar el 22,7% de Naturgy, pidió la autorización en febrero. Y la última es EQT, que, tras la prórroga, deberá obtener también la luz verde del Gobierno para comprar Solarpack por 881 millones. La gestora de capital riesgo esperaba no requerirlo gracias a su carné sueco.