Contratar una tarifa energética no debería ser una yincana
De poco sirven las medidas bien pensadas si su ejecución no está a la altura de las expectativas. En el caso de la subida de los precios del gas, las vías para mitigar el duro impacto del invierno en los bolsillos de los ciudadanos se están topando con la prolija reglamentación del sector, erosionando la eficacia del planteamiento inicial.
Ha sucedido con la TUR del gas. En este caso no se han tomado medidas específicas: la tarifa regulada del gas es previa a la crisis energética. Pero, como destacan una y otra vez las encuestas encargadas por la CNMC, los consumidores nunca saben bien qué tarifa tienen, y para cuando se han percatado de la abismal diferencia entre las tarifas del mercado libre y el regulado, las cuatro empresas encargadas de ofrecer la TUR no han tenido capacidad para atender el aluvión de peticiones. El sector ha pedido abrir el abanico de firmas con capacidad para ofrecer esta tarifa, si bien es cierto que las empresas implicadas tampoco se han desvivido por ofrecer a los clientes los servicios más adecuados a cada situación. La contratación de una tarifa ajustada no debería ser en ningún caso una yincana.
Con la tarifa regulada para las comunidades de vecinos, el reto no es solo comercial, sino también de carácter administrativo. Las condiciones que se exigen para la contratación de esta tarifa no son de sencillo cumplimiento. El requisito de disponer de un certificado de eficiencia energética no es, en caso de que la comunidad de vecinos en cuestión carezca de él, fácil de conseguir. Aquí vuelve a desequilibrarse la oferta con la demanda (en este caso, de instaladores oficiales). La necesidad de tener también un historial de consumos es otro filtro que pasar antes de llegar al último, las cuatro empresas comercializadoras de la tarifa regulada del gas. Aquí las comunidades de vecinos se topan de nuevo con el atasco comercial.
El pico de consumo de gas no dura todo el año, y la mayor parte de España es menor que en otros países europeos. Además, por suerte el invierno está siendo, de momento, benevolente. Pero precisamente por eso las dificultades para acceder a las bonificaciones oficiales son particularmente gravosas; la probabilidad de que el papeleo termine cuando se apagan las calderas es elevada. La rapidez y violencia de la crisis energética ha obligado a los gobiernos de toda Europa a adoptar medidas apresuradas y, por tanto, siempre imperfectas. Ahora bien, los usuarios que pagan gas por una u otra vía se cuentan por millones. Bien haría el Gobierno en hacer lo posible por minimizar el número de aquellos que, queriendo acogerse a las medidas, no les es posible.