Las telecos, entre la rigidez regulatoria y la redefinición del modelo de negocio

El baile de primeros ejecutivos que se está desarrollando en el sector de las telecomunicaciones europeas, que incluye la reciente sustitución del CEO de Vodafone, y del de Orange, Telecom Italia o Swisscom, constituye un muestra elocuente de la difícil coyuntura que vive este mercado, tensionado por una competencia cada vez más dura, una fuerte presión sobre los resultados y un exigente entorno regulatorio. La última de esas salidas ha sido la de Nick Read, primer ejecutivo de Vodafone, que ha sido sustituido de forma interina por la directora financiera de la compañía, Margherita Della Valle, en una decisión adoptada tras los malos resultados de la compañía, el nuevo recorte de previsiones para este año y el hundimiento de la acción en el mercado, que se ha dejado el 40% de su valor en los cuatro años en que Read ha estado al frente de la operadora.

Pese a que esta ola de sustituciones tiene en cada caso razones definidas que tienen que ver con los retos de cada compañía, el trasiego de los primeros ejecutivos, el deterioro de los resultados y el comportamiento de estos valores Bolsa apuntan a la necesidad de redefinir los contornos de un modelo de negocio que lleva años lidiando contra vientos adversos, lastrado por un exigente calendario de inversiones, presionado por guerras de tarifas, obligado a adaptarse a un mercado en constante evolución y restringido por una política europea de competencia que dificulta su crecimiento inorgánico. Un ejemplo de esa estrategia de reorientación del timón es el caso de Telefónica y de su decisión de diversificar el negocio y entrar en sectores ajenos al perfil tradicional de las telecomunicaciones, como el de los seguros o el del autoconsumo voltaico.

Las grandes operadoras europeas llevan tiempo reclamando a Bruselas un marco regulatorio más flexible, que reconozca sus necesidades estratégicas y tenga en cuenta la importante aportación que han realizado al proceso de digitalización de la economía comunitaria mediante inversiones en infraestructuras de comunicación. Parte de esas demandas incluyen un tratamiento fiscal que no penalice al sector frente a las ventajosas condiciones de que disfrutan las multinacionales de internet, pero también una política de competencia que permita a las operadoras ganar músculo y tamaño para poder acometer con mayor margen las grandes inversiones que exige el despliegue del 5G y de la fibra y competir en un mercado cada vez más complejo y competitivo.