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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La justicia española no puede permitirse una huelga de personal

El tenso pulso que mantienen con el Ministerio de Justicia los antiguos secretarios de justicia, denominados actualmente letrados de la Administración de Justicia, constituye un episodio más en la historia de un conflicto que se inició con la reforma procesal de 2009, una normativa que aumentó las competencias de este cuerpo y elevó su nivel de responsabilidad, pero que no satisfizo sus reivindicaciones estatutarias y salariales. El colectivo, que el pasado noviembre llevó a cabo protestas y que ha anunciado nuevos paros para el próximo 14 y 15 de diciembre, amenaza con convocar una huelga más prolongada para el próximo mes de enero si el Gobierno no responde a sus reivindicaciones. Los letrados reclaman a Justicia que cumpla la promesa de incrementar sus sueldos en más de un 5% y de mejorar sus retribuciones en determinadas situaciones, como las sustituciones o la actuación en entradas y registros. El Consejo de Ministros aprobó en abril un real decreto que incrementó sus salarios en 195 euros mensuales –lo que supone un aumento del 5,26% de la retribución anual– para hacer efectivo lo pactado en la mesa sectorial de la Administración de Justicia de diciembre de 2021, aunque el colectivo denuncia que no todo lo acordado en esa fecha ha sido aprobado.

La capacidad de presión de los letrados es lo suficientemente importante como para que su decisión de ir a la huelga pueda sumir a la justicia española en un caos a principios de 2023. Aunque el impacto real de las protestas llevadas a cabo hasta el momento, que el colectivo cifra en 10.000 juicios y vistas paralizados, es difícil de cuantificar, el papel que desempeñan los letrados en el día a día de los tribunales resulta clave, por lo que sería un grave error minusvalorar su capacidad de bloquearlos.

Buena parte de las reclamaciones del cuerpo se explican por la ausencia de una verdadera política de función pública en la Administración de Justicia española, una asignatura pendiente que ha generado numerosos problemas a lo largo de los años y que se agrava por la confusión competencial que existe entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas. España ostenta el lamentable honor de formar parte del grupo de países europeos que acumulan mayor retraso en la tramitación de las causas judiciales, un atasco que en 2021 sumaba más de tres millones de asuntos en trámite. Ante un panorama como ese, el Gobierno debe poner todos los medios a su alcance para restablecer el diálogo y resolver de forma razonable un conflicto que amenaza con prender fuego al funcionamiento de los juzgados españoles y que constituye una seria amenaza para la competitividad de la economía.

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