El Gobierno refuerza la inspección del transporte de carga por carretera y cerca a los morosos

El Ministerio de Transporte aprueba el Plan Nacional de Inspección comprometido con el sector

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

El nuevo Plan Nacional de Inspección del Transporte por Carretera está en pie tras semanas de trabajo conjunto entre el Ministerio de Transportes, Comunidades Autónomas, Guardia Civil y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC). Se trata de garantizar que los servicios de carga no se prestan a pérdidas y plantar cara a la morosidad.

La del refuerzo de la inspección ha sido una de las promesas de la ministra Raquel Sánchez para mantener la paz en las carreteras. Se trataba a mediados de noviembre de mitigar el efecto de la llamada al paro patronal realizada por la Plataforma en Defensa del Transporte.

El plan, ha explicado el ministerio, potencia la inspección para controlar que los conductores no participan en las labores de carga y descarga, o que los precios acordados cubren los costes de los transportistas. Se trata de dos de las conquistas históricas del sector, recogidas en la Ley de la Cadena del Transporte aprobada en agosto. A ello se suma una colaboración más estrecha con la Inspección de Trabajo para frenar la competencia desleal por parte de empresas deslocalizadas y garantizar una subcontratación justa. Otra de las situaciones que el Gobierno busca resolver es la de la morosidad.

Los contratos de transporte, revisables en función del coste del combustible, deberán recoger por escrito el precio del servicio y los gastos (costes individuales efectivos) que asume el transportista. El nuevo régimen sancionador contempla multas de hasta 4.000 euros para los cargadores que no cumplan.

En cuanto a los plazos de pago, la modificación del año pasado de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre implantó un nuevo régimen sancionador a las empresas que paguen a más de 60 días en el sector del transporte por carretera, con multas de hasta 4.000 euros, que podrán elevarse a 30.000 euros en los casos más graves.

El Ministerio ha señalado esta mañana que se han desarrollado nuevas herramientas informáticas para facilitar la actividad inspectora; también se refuerza el servicio del buzón de denuncias anónimas para informar de posibles infracciones o incumplimientos.

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