Los empresarios alertan de una asignación de las subvenciones de fondos europeos del 11,5%
En el entorno de CEOE se calcula una cifra de unos 8.000 millones, mientras que acceder a nueva financiación se endurece por el calado de las reformas
Inquietud en el empresariado por lo que se considera un bajo nivel de ejecución de fondos europeos hasta el momento, de un total de 69.500 millones en subvenciones otorgadas a España del instrumento de recuperación Next Generation.
Ante la ausencia de información pública en tiempo real, CEOE intenta monitorizar cada una de las convocatorias y resoluciones, estimando, según fuentes con acceso a esa información, que no se habrán ejecutado más de 8.000 millones, un 11,5% del total.
El desafío se complica. Vienen mayores compromisos en el capítulo de reformas, licitación y adjudicación de proyectos, lo que empina el terreno para la recepción de nuevos fondos y su llegada al sistema productivo. En el Gobierno se habla de un ritmo de 2.000 millones en convocatorias mensuales de proyectos.
Expertos consultados por este periódico coinciden en que el Ejecutivo ha pasado hasta ahora con nota los exámenes de Bruselas a la vista de que se primaba el cumplimiento de reformas sencillas y de que el inicio de las inversiones elegibles se había fijado en febrero de 2020. España es, hasta el momento, el alumno aventajado de la UE. “Este semestre, con examen en diciembre y petición de plazo adicional para pulir hitos, ya se requieren reformas importantes sobre las que no hay acuerdo, como la de las pensiones, y volúmenes de inversión que están lejos de haber sido satisfechos”, señala un analista consultado.
El Gobierno sostiene que el ritmo mensual de convocatorias es de 2.000 millones de euros
En medio de esta vorágine, Economía prepara la adenda al Plan de Recuperación España Puede, que guía la ejecución de los fondos hasta 2023, y que debe ser completado para la recepción de los 84.000 millones en préstamos. De momento, está en el aire la cuantía que pedirá el Gobierno del tramo imputable en la deuda pública, lo que dependerá de las condiciones.
La disposición de los préstamos arrancará en enero de 2024 y serán las urnas las que decidan el Gobierno que los gestionará, ante lo que se demanda desde grupos parlamentarios y agentes sociales un diseño más participativo de la adenda. CEOE prepara su propio esbozo después de que la vicepresidenta Nadia Calviño pidiera proyectos tractores en julio. Una reivindicación de la patronal será la ejecución por la vía de incentivos fiscales en proyectos.
Fases previas
Sobre la esperada llegada de un nuevo paquete de subvenciones y su ejecución, en este final de año van a revaluarse medidas tomadas por el Ejecutivo que fueron dadas por buenas con salvedades. La plataforma común de fondos europeos Coffe, por ejemplo, sigue en pañales y las comunidades autónomas están enviando sus datos en Excel. El Consejo de Ministros aprobó el día 16 un acuerdo para encargar la prestación del servicio de atención y asistencia técnica a los usuarios de dicha plataforma. Y es que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia obliga a disponer una solución informática para gestionar una base de datos única con información sobre el uso de los fondos entre 2021 y 2027.
La patronal ultima su adenda al Plan España Puede para el acceso al tramo de créditos
Distintas asociaciones empresariales subrayan que la CE ultima una fórmula por la que se reducen entregas de fondos en función del volumen e importancia de posibles incumplimientos en las reformas. En el entorno de CEOE se da por hecho que su aplicación comenzará por España y Portugal. La primera por la gran cantidad de subvenciones recibidas, y la segunda, ante las dificultades para cumplir los compromisos. Cunde así el temor a que lluevan menos euros de los previstos.
La cristalización de los fondos en proyectos también está sometida a cuellos de botella como el alto nivel de avales requerido a las empresas que participan en los mismos, de hasta el 100% sobre las subvenciones recibidas. Una exigencia que se trata de rebajar de urgencia para hacer posible la participación de pymes en los Perte del vehículo eléctrico o el agroalimentario.
También se han escuchado quejas de las comunidades autónomas por su estrecho margen de maniobra para adaptar la planificación a las necesidades de cada territorio. Otro problema con el que se están topando las consultoras que intermedian los proyectos es el de la histórica desconexión entre las empresas que aspiran a los fondos y la Administración, cuya relación se restringe en muchos casos al pago de impuestos.
Y juega en contra de una ágil ejecución una excesiva carga burocrática, pese al intento de agilización que supuso el Real Decreto Ley 36/2020 para la modernización de la Administración pública y ejecución del plan de recuperación, que fue publicado y convalidado en enero de 2021 y cuya tramitación como proyecto de ley, por procedimiento de urgencia, sigue en la mesa del Congreso. El proceso de enmiendas al articulado ha sufrido 72 prórrogas, la última hasta este miércoles.
El hecho es que iniciativas como el referido Perte agroalimentario lleva medio año de retraso en la publicación de convocatorias. El del vehículo eléctrico, cuyas bases han sido cambiadas en varias ocasiones, está sujeto a incertidumbres.
Entre la gestión de subvenciones y la presión de los créditos
Pilares del plan. Transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género son los objetivos estratégicos del plan de recuperación, a los que se dará continuidad con la adenda.
Deuda pública. El Ejecutivo busca reforzar las garantías de sostenibilidad fiscal debido a que la adenda presenta inversiones que serán soportadas en su mayoría a través de créditos.
El papel de Transportes. El ministerio de la obra pública contabilizaba 11.900 millones movilizados al cierre de octubre en fondos europeos, el 71% de los 16.756 millones que tiene asignados. Cerca de 5.500 millones estaban ya licitados y otros 2.600 millones habían sido convocados para la petición por parte de otras Administraciones. Otra remesa de 3.300 millones se han inyectado al sistema para respaldar actuaciones en transición ecológica y digitalización.
Acelerar el ritmo. Un informe de Transportes, desvelado por El País el 3 de noviembre, valoraba que el ritmo de ejecución debía acelerarse. Su inversión ejecutada no llegaba a los 500 millones a pesar de que se habían licitado más de 5.500 millones y adjudicado proyectos por 3.600 millones.
